“La decisión de remover a la fiscal general de la república adoptada por el órgano constituyente espúreo es absolutamente nula e inexistente porque implica usurpación de las atribuciones constitucionales” del Parlamento, dice el acuerdo aprobado hoy en el Legislativo.

El Parlamento recordó que la facultad para designar al fiscal, al defensor y al contralor es una de sus competencias exclusivas, por lo que consideró nulos los actos de remoción de Ortega y la posterior designación de quien era defensor del pueblo como titular de la acción penal.