Este martes 5 de mayo, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) plantea restituir la estructura de 32 magistrados, tal como operaba el máximo tribunal venezolano hasta el año 2022. La iniciativa contempla una integración de cinco magistrados por cada sala, con excepción de la Sala Constitucional, que contaría con siete integrantes.
Actualmente, el TSJ funciona con una composición reducida de 20 magistrados, tras la modificación aprobada en 2022 que disminuyó el número de integrantes del alto tribunal. La nueva propuesta, de concretarse, implicaría revertir ese cambio y ampliar nuevamente la estructura del Poder Judicial en su máxima instancia.
Diputado de la AN resaltó que el máximo tribunal pasaría de 20 a 32 magistrados
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó la importancia de avanzar en la reforma del sistema de justicia, haciendo énfasis en la modificación del artículo 8 del proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Este martes, durante su intervención en la sesión, Rodríguez resaltó que este proceso forma parte de una transformación estructural en curso, liderada por comisiones ya activas, entre ellas la Comisión para la Convivencia Pacífica, las comisiones de diálogo, la Comisión de seguimiento de la ley de amnistía y la comisión de consulta para la reforma del sistema penal.
Rodríguez reiteró el llamado a construir consensos amplios dentro del hemiciclo, incluyendo a los sectores de oposición, en torno a temas fundamentales para el país.
“Queremos insistir en la búsqueda de consenso de diputadas y diputados, más allá de sus agendas o preocupaciones particulares, especialmente en un tema tan trascendental como la conformación del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Rodríguez.
El parlamentario indicó que esta modificación permitiría atender de manera más eficiente las demandas de justicia de la población, ante el reconocimiento de retrasos en decisiones judiciales que afectan a ciudadanos en espera de resolución.
Con información de Alberto News