Angélica Velásquez | LA PRENSA DE LARA.- «La justicia internacional sigue atendiendo el caso venezolano. Todos los órganos de protección han denunciado las violaciones sistemáticas y generalizadas de Derechos Humanos, así como la responsabilidad del Poder Judicial«, explicó el doctor Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, durante la ‘Presentación del Informe Anual 2022: El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela‘.
«Venezuela sigue estando en la agenda de organizaciones y organismos internacionales. Dichas instancias dejaron en claro que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años no han rendido frutos, por cuanto en su mayoría han sido cosméticas«, agregó.
Daniels destacó la importancia de conservar los esfuerzos en hacer eco a la comunidad internacional sobre la situación en materia de Derechos Humanos en el país, «tenemos que mantener el foco sobre Venezuela para que no nos convirtamos en una crisis olvidada como Haití, por ejemplo, que ha vivido décadas de violaciones«.
El abogado Daniels resaltó que el trabajo de las organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos en el Venezuela logró que todas las incidencias del país llegaran a las instancias internacionales, «el monitoreo internacional habría sido muy difícil sin la labor que desde dentro del país realizan agrupaciones civiles, muchos datos que llegaron hasta la Corte Penal Internacional, fueron gracias al trabajo de estas organizaciones«.
Estado de Derecho
En el informe se evidencia que la justicia venezolana terminó en el último lugar en el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), un puesto que comparte con países como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo, Estados que presentan graves déficits democráticos.
«La justicia no solo salió reprobada en el informe de WJP, sino también en el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último reporte se instó a las autoridades combatir la provisionalidad entre los jueces y fiscales, por considerarla fundamental para garantizar una verdadera independencia judicial«, refirió Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia.
La CIDH, por décimo octavo año consecutivo, ubicó a Venezuela en el capítulo IV de su informe anual, conocido popularmente como la «lista negra» de los derechos humanos, debido a la injerencia que el Gobierno ejerce sobre otros poderes públicos, en particular la justicia, lo cual «ha derivado en la ausencia del Estado de derecho«.
Louza destacó que durante el 2022 «Venezuela sigue viviendo un Estado de hecho y no de Derecho» es decir, sin la ejecución de las formalidades de ley. «No hay desarrollo social si no existe un Estado de Derecho, pero lo que se ha vivido desde el 2019 es un Estado de hecho consolidado«.
Caso Onapre
Para Laura Louza el caso Onapre llegará a pasar a la historia, «el acto de la Onapre dio lugar a rebajas en las remuneraciones del sector público. El instructivo redujo las bonificaciones y primas previstas en los distintos contratos colectivos de la Administración Pública».
En 2022 se dio un resurgir de la protesta social. De las 7.032 protestas documentadas durante el año 2022 por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 3.185 (45%) fueron en reclamo de derechos laborales y de ellas 763 fueron en contra del instructivo denominado «Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas» de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
«Al calor de las protestas y quejas contra el instructivo, el TSJ declaró inadmisible una demanda de nulidad solicitada por jubilados del MP contra el documento, al que tachó de «inexistente». Además, ordenó a los accionantes pagar una multa por mal uso de recursos judiciales» indicó Louza.