viernes, 22 noviembre 2024
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Académicos emiten absoluto rechazo contra la Ley Antibloqueo

& ;Jesús Pérez | LA PRENSA DE LARA.- La «Ley Antibloqueo» presentada por el presidente, Nicolás Maduro, y posteriormente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), «pretende subvenir el orden jurídico venezolano y privatizar bienes públicos de forma indiscriminada». Así lo afirma este miércoles, 21 de octubre, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

«Esta Corporación académica alerta a la comunidad nacional e internacional sobre la nulidad e ineficacia de esta vía de hecho normativa que pretende subvenir definitivamente el orden jurídico venezolano para implementar en forma encubierta un aparente ‘cambia de legislación económica’ que busca, entre otros, privatizar bienes públicos de forma indiscriminada y opaca», exponen a través de un comunicado.

Exponen que dicho instrumento promovido por el Ejecutivo es una «violación de la Constitución de la República, la seguridad jurídica y los derechos de los venezolanos».

Fue el pasado 09 de octubre cuando la ANC, integrada solo por oficialistas, aprobó «Ley Antibloqueo», para otorgar a Maduro, potestad para desoír, bajo confidencialidad, normas legales para hacer frente a las sanciones económicas impuestas a su Gobierno.

Sin embargo, esta Asamblea Nacional Constituyente es vista como un «órgano ilegitimo», según expone la Academia, quienes alegan que su «propósito es usurpar la soberanía popular representativa de la Asamblea Nacional (AN)», que dirige el presidente encargado, Juan Guaidó.

Según explicó la ANC, este marco legal tiene como razón de ser, según su artículo 1, proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.

Según el artículo 19, «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)» el Ejecutivo procederá a «inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente».

 

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