• Este viernes 9 de octubre venció el lapso para entregar credenciales ante la Asamblea Nacional con miras a elegir magistrados del TSJ.
• Abogados de Lara señalan limitaciones en el tiempo de inscripción y cuestionan la presencia de diputados en la selección inicial.

Hoy viernes 9 de agosto, venció el plazo para que los representantes de la sociedad civil, presentaran sus credenciales ante la Asamblea Nacional (AN), por el interés de formar parte del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales, que se encargará de seleccionar a los 32 magistrados principales y sus suplentes, que sólo tras ser elegidos por las dos terceras partes del Parlamento, podrán presidir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta fase, tan sólo duró seis días hábiles (del 2 al 9 de octubre). No permitió inscripción online, por lo que abogados consideran que el tiempo fue limitado para que las personas del interior pudieran movilizarse e inscribirse. Hubo postulados por los 24 Colegios de Abogados del país, por las universidades públicas y privadas, por las Escuelas de Derecho, y aspirantes por iniciativa propia.

Los representantes de la sociedad civil tienen que ser venezolanos, mayores de 35 años, no tener condenas penales ni administrativas.

Tanto Nancy Rodríguez, vicepresidente del Colegio de Abogados del estado Lara, como José Gregorio Zaa, jurista y profesor de derecho constitucional, coinciden en que la ciudadanía debe estar muy atenta a cada fase del proceso de selección, para exigir transparencia y el cumplimiento de la Constitución y así lograr un Poder Judicial autónomo e independiente.

Vicios detectados por los abogados

La elección de los magistrados del TSJ, es parte de un acuerdo en la mesa de diálogo entre el Gobierno y diputados de la AN 2015, impulsado por Estados Unidos, que busca reinstitucionalizar el país.

El 29 de septiembre de 2026, la AN designó la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, integrada por 11 diputados en total, ocho son del PSUV: Giuseppe Alessandrello, quien es el presidente, Gloria Castillo, María Gabriela Vega, Liliana González, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, José Oscar Villarroel y Jonathan García. Y tres son de la oposición: Pablo Pérez de Un Nuevo Tiempo (UNT), como vicepresidente de la comisión, Luis Florido de UNT y Félix Freites de Fuerza Vecinal.

Estos parlamentarios serán los encargados de seleccionar a los 12 representantes de la sociedad civil, que terminarán de completar el Comité.

Para el abogado José Gregorio Zaa, el hecho que hayan 11 diputados ya es un vicio detectado, porque el artículo 270 de la Constitución, dice que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado sólo por miembros de la sociedad civil.

«Este Comité nace con un ‘plomo en el ala’, porque no cumple con el artículo 270. El vicio no es desde ahora, en el país desde la reforma de la Ley del TSJ de 2004, el Comité de Postulaciones Judiciales se viene integrando por parlamentarios. Considero que un diputado no puede ser considerado miembro de la sociedad civil porque pertenece al Legislativo que es un poder constituido…Hay ocho diputados del PSUV y tres de la oposición. Da la impresión que la selección de magistrados será un proceso de repartición de cuotas políticas», exclamó Zaa.

Hay nuevo filtro

Esa mesa de diálogo, también creó una nueva figura llamada: «Consejo de Revisión de Credenciales», que serán asesores del Comité de Postulaciones Judiciales. integrado por siete juristas como: Rogelio Pérez Perdomo, Belén Ramírez Landaeta, María Bernardoni de Govea, Bernardo Pulido Márquez, Silio César Sánchez Zerpa, Federico Sebastián Fuenmayor Gallo, y Deyanira Nieves Bastidas. Esta figura tampoco aparece en la Constitución.

«Aunque este grupo actúa como una comisión asesora o filtro para evaluar a los aspirantes a magistrados, la decisión de quién pasa y quién no en la preselección inicial de la sociedad civil sigue estando en manos de los 11 diputados. Allí es donde se aplica el filtro político sobre qué organizaciones o nombres son admitidos», refirió Zaa.

La abogada Nancy Rodríguez, señala que lo crucial en este momento, es que la ciudadanía esté atenta a cada fase del proceso de selección, tanto en interesarse por saber quiénes serán los representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité, como de quienes se postulen y seleccionen como magistrados.

«Lo crucial es que la ciudadanía esté atenta, participe y haga objeciones. Todos los abogados tenemos derecho a opinar. No se pueden aceptar magistrados que reciban órdenes de partidos políticos», expresó. Considera que los venezolanos deben hacer contraloría social, y velar porque los magistrados seleccionados tengan honorabilidad certificada de desempeño y un destacado expediente profesional.

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