Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.– Dos meses y tres días tardó la Asamblea Nacional (2020) en anunciar los nombres de los 20 magistrados principales con sus respectivos suplentes que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De los cuales 12 fueron ratificados en sus cargos, violando el artículo 264 de la Constitución que estipula que los magistrados sólo pueden ser elegidos para un único período de 12 años. Entre las caras nuevas figuran dos generales que salieron del sistema de justicia militar. Tres fueron rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), una fue electa concejal del PSUV en 2018 y uno fue director de una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas, nombrado en 2020. Al menos siete tienen sanciones internacionales de Estados Unidos, Panamá, Canadá, la Unión Europea y países miembros del TIAR, por presunta corrupción, blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
«Este TSJ pinta peor del que teníamos, es más radical. Es más obvio que quienes lo integran son personas alineadas a Nicolás Maduro», exclamó Laura Louza, abogada y directora de la ONG Acceso a la Justicia. Considera que estas personas están lejos de garantizar la imparcialidad en sus decisiones ni de aplicar una verdadera justicia. Asegura que 17 de los 20 magistrados principales han asumido cargos en el gobierno demostrando lealtad.
Precisó que los diputados de la AN violaron hasta la propia reforma que ellos hicieron de la Ley del TSJ, aprobada el 18 de enero. De acuerdo con los lapsos establecidos, los nombres de los magistrados debieron divulgarse el 9 o 13 de abril, generándose un retraso del proceso por pugnas internas del PSUV.
«Los diputados chavistas suspendieron la convocatoria varias veces, no hicieron nunca una sesión pública para discutir el nombre de los postulados. Eso demuestra un proceso sin transparencia», acotó.
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), cuestionó la designación de las autoridades del TSJ, comenzando por la presidenta del máximo tribunal que es nuevamente Gladys Gutiérrez, exembajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).
«La trayectoria de Gutiérrez siempre fue cercana a Hugo Chávez, fue procuradora general de la República, es decir, la abogada del Estado. Luego cónsul en España. Desde que Maduro asumió el poder en 2013 y hasta 2017 fue presidenta del TSJ, luego rectora del CNE hasta que la colocaron de embajadora en La Haya. Es decir, ha defendido a Maduro y a su gobierno por ser señalado de cometer crímenes de lesa humanidad«, denunció.
Reciclaje político
Para Martha Tineo, abogada, la designación de estos magistrados representa un «reciclaje político», no solamente porque 12 fueron ratificados en sus cargos, sino porque el resto ha ocupado cargos públicos de extrema confianza al Presidente de la República.
«Estas designaciones no pueden generar expectativas de que se esté avanzando en Venezuela en un proceso de depuración y de reinstitucionalización de los órganos del sistema de justicia. Hay una marcada politización, las personas son designadas en estos cargos con un criterio de compromiso político, no así de calificación ni de trayectoria académica ni calificada, como lo estipula el artículo 263 de la Constitución, donde se establecen los requisitos para ser magistrados», mencionó.
Destaca entre los magistrados seleccionados el nombre de Henry Timaure Tapia, segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Civil. Es general de división, fue presidente de la Corte Marcial designado directamente por el Ministerio de Defensa, responsable de condenar a militares presos políticos acusados de rebelión y traición a la patria. También el de Juan Carlos Hidalgo Pandares, general de división y fiscal de la justicia militar.
Como integrante de la Sala Constitucional, que está conformada por cinco magistrados está Tania D’Amelio, quien hasta el 26 de abril fue rectora principal del CNE y presidenta de la Junta Nacional Electoral, responsable de organizar las elecciones y procesar los resultados.
Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de Súmate, denunció que D’Amelio ha estado los últimos 12 años en el CNE, por lo tanto no tiene una carrera judicial y de acuerdo con la Constitución en su artículo 263 no podría ser magistrada.
«Esta designación del TSJ incumplió la primera de las siete recomendaciones prioritarias que ofreció la Misión de Observación Electoral de Unión Europea, al considerar que se debe reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia alineada a las garantías constitucionales», indicó.
La abogada, Laura Louza, también destacó el caso de la magistrada Carlicia Beatriz Rodríguez Rodríguez, designada presidenta de la Sala Electoral del TSJ. Esta funcionaria fue alcaldesa encargada de Caracas de agosto a noviembre de 2021 y fue electa concejal en el 2018. Aparece en un video en redes sociales invitando a votar en las elecciones internas del PSUV, venerando al exfallecido presidente Hugo Chávez.
Mencionó que la inspectora general de Tribunales, Gladys Requena, ha sido diputada de la Asamblea Nacional desde 2010 y de la Asamblea Nacional Constituyente por el PSUV.
Tres magistrados «opositores»
En el nuevo TSJ hay tres magistrados que han sido relacionados con el sector opositor: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, ratificado en su cargo de magistrado; José Luis Gutiérrez Parra, hermano de Bernabé Gutiérrez, quien ostenta los colores y las siglas de Acción Democrática, partido judicializado por el máximo tribunal, y Luis Emilio Rondón, quien es magistrado suplente de la Sala Político-Administrativa y fue rector principal del CNE hasta 2020.
El diputado de la AN 2015, Guillermo Palacios, indicó que la oposición democrática no negoció ningún cargo. Señala que Luis Emilio Rondón no representa a ningún partido político y lo considera un magistrado independiente.
La expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, considera que la designación de estos magistrados evidencia la falta de justicia, autonomía e independencia de poderes que hay en el país.
«Yo creo que este TSJ evidencia la crisis que tiene el régimen. No creo que el fiscal de la CPI, Karim Khan, esperara este tribunal. Lo que pasa es que el régimen sopesó: o designó un tribunal decente y pierdo el control o vamos a seguir manipulando al fiscal de la CPI, porque ellos creen que pueden hacerlo y mejor dejamos el control, por eso tardaron tanto en dar los nombres», dijo.
Denuncia activa
Martha Tineo, coordinadora de JEP, sostiene que con este Tribunal Supremo de Justicia las víctimas de crímenes de lesa humanidad no podrán lograr una justicia verdadera en el país. Alega que el papel de la sociedad civil debe ser seguir denunciando estos casos que violan la Constitución.
«La población debe seguir denunciando, monitoreando exhaustivamente el avance de todos los mecanismos que se han implementado para superar la crisis nacional, me refiero al seguimiento que se hace desde la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, desde la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, desde la Corte Penal Internacional. Las víctimas deben seguir aportando información, demandando cambios para nutrir esos mecanismos que nos conduzca a procesos reales de justicia», comunicó.
Según la exmagistrada, Cecilia Sosa, lo que pretende el oficialismo al colocar a Gladys Gutiérrez como presidenta del TSJ, en vez de Maikel Moreno, es suavizar y aparentar un cambio en el Poder Judicial ante los ojos del fiscal de la CPI, Karim Khan.
Están sancionados por países
Una de las magistradas suplentes del TSJ es Katherine Haringhton, fue fiscal del Ministerio Público, llevó varios casos de presos políticos. Sobre su expediente pesa la condena del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López en el 2014 y del exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma.
Esta magistrada está sancionada por el gobierno de Estados Unidos por violar los derechos humanos.
