EFE | LA PRENSA.- 51 organizaciones no gubernamentales venezolanas exigieron este sábado la renuncia inmediata de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en un comunicado conjunto.
En el texto señalan que el Estado de derecho en su país no se solventa con la enmienda de sentencias, en referencia a la renuncia del Supremo a asumir las funciones del Parlamento que se había atribuido.
“Exigimos la renuncia inmediata de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como el inicio de oficio del procedimiento judicial que permita la determinación de las responsabilidades que correspondan a los magistrados de la Sala Constitucional», expresa el comunicado.
Esta petición fue hecha en rechazo a que el gobierno haya tratado como una controversia entre poderes la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que había una ruptura del orden constitucional con la decisión del Supremo de atribuirse las competencias del Parlamento.
Para las ONGs el calificativo del Ejecutivo constituye una simplificación de graves hechos contra la Constitución.
Aunque el TSJ anunció este sábado que renunciaba a asumir las competencias del Parlamento, después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la máxima corte que revisara la sentencia antes mencionada, las organizaciones destacan que la restitución del Estado de derecho no se solventa con rectificaciones de sentencias.
Las organizaciones firmantes del comunicado piden además la derogación del actual Estado de Excepción y el sometimiento a la consideración de la Asamblea Nacional de cualquier futuro decreto sobre la materia, así como la derogación de todas las actuaciones de la Sala Constitucional.
Estas asociaciones demandan también retomar de inmediato el cronograma electoral y tomar las medidas necesarias para detener el aumento de la pobreza en Venezuela, lo cual incluye garantizar el acceso a los alimentos y medicinas para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.
Por último solicitan a la comunidad internacional mantener su atención sobre Venezuela, ya que a su juicio el golpe de Estado sigue vigente.
El texto está suscrito, entre otras organizaciones, por Espacio Público, Acceso a la Justicia, Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet).