Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La persecución contra trabajadores de empresas del Estado se ha incrementado desde 2018 a la fecha, según denunció Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera) y actual vicepresidente de la alianza sindical denominada «Asamblea Nacional de los Trabajadores de Venezuela». Un total de 146 trabajadores han sido detenidos arbitrariamente a nivel nacional desde entonces por denunciar la paralización de las empresas del Estado y los salarios de miseria que devengan, violando la Contratación Colectiva y la Constitución de la República.
«La cifra que manejamos es la de 146 personas, entre trabajadores y dirigentes sindicales que se mantienen con expedientes judiciales abiertos. La gran mayoría recibió libertad bajo medidas cautelares, bajo presentación, y hay también compañeros encarcelados, como los siete trabajadores del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), en Pdvsa estado Falcón, que este 24 de septiembre fueron detenidos y acusados de terrorismo y sabotaje», contó a LA PRENSA.
González permaneció 21 meses privado de libertad en el Internado Judicial de Monagas, mejor conocida como la Cárcel de La Pica, por liderar protestas y marchas exigiendo reivindicaciones laborales para los trabajadores de Ferrominera, y fue condenado por un tribunal militar de agavillamiento, instigación pública a delinquir, violación de zonas de seguridad y violación al derecho al trabajo, hasta que en agosto de 2020 recibió un indulto presidencial. Su libertad fue solicitada por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, en el año 2019.
«A todos estos trabajadores procesados les han armado expedientes. En mi caso, me acusaron de agavillamiento (asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos), y hasta la fiscalía llevó a declarar a testigos falsos. Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Oficina de la alta comisionada de la ONU, han expuesto en varios informes los abusos, atropellos, persecución, así como la violación al articulo 87 de la Constitución de Venezuela y los convenios internacionales, contra la libertad sindical en Venezuela, pero lamentablemente esas denuncias no han logrado restablecer el orden constitucional. Al régimen no le importa nada. Lo único que les preocupa es mantenerse en el poder a costa del silencio y la miseria de los trabajadores», apuntó González.
Caso Pdvsa
Iván Freites, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Fuptv), escribió en su Twitter el 24 de septiembre de 2021, que los siete trabajadores del CRP fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial . «Sus casas han sido allanadas y destruidas por Dgcim y Sebin, trasladados a Caracas acusados de sabotaje y terrorismo, se desespera TareckPSUV, porque no hay cómo producir gasolina en Cardón y Amuay».
Luis Hernández, representante de Pdvsa, alega que estos trabajadores fueron detenidos por decir la verdad, que la refinería Amuay no ha recibido inversión para arrancar un reformador con el que se pueden producir más de 45 mil barriles diarios de gasolina. «La CRP conformada por Amuay, Cardón y Bajo Grande, esta última en Zulia, sólo mantiene activa la refinería Cardón, que procesa diariamente 50 mil barriles diarios de gasolina, una parte de esa cantidad es enviada a Cuba», denunció. Sostiene que no se puede condenar a un trabajador por alzar su voz y denunciar irregularidades.