EFE | LA PRENSA.- La situación en Venezuela centrará el inicio de la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que comienza este lunes 11 de septiembre con una intensa agenda protagonizada por el canciller del país, Jorge Arreaza.
El primero que hará alusión a los presuntos abusos cometidos en el país andino será el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su presentación general sobre violaciones de las libertades fundamentales en distintas partes del mundo.
Se espera que haga referencia al informe que su oficina presentó en agosto y en el que denuncia torturas y malos tratos perpetrados por las fuerzas del orden venezolanas durante las protestas antigubernamentales.
Zeid pedirá al Consejo medidas para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos en ese país, mediante un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación.
Tras la intervención del alto comisionado, Arreaza tomará la palabra para exponer durante diez minutos la versión del Gobierno de Nicolás Maduro sobre lo que ocurrió de abril a julio en Venezuela, donde más de 130 personas murieron durante las protestas y miles fueron detenidas, muchas de ellos, según la ONU, arbitrariamente.
Arreaza mantendrá después encuentros bilaterales y una reunión con el Grupo de Países No Alineados, y al mismo tiempo, organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch expondrán su versión de los hechos en actos paralelos.
Al día siguiente los países miembros del Consejo y el resto de naciones de la ONU podrán responder al ministro venezolano.
Fuentes próximas al Consejo indicaron que muchos países ya han señalado que así lo harán, dado su interés en que las palabras de Arreaza queden “equilibradas” por su propia evaluación de la situación.
Por ahora no se espera la presentación de una resolución de condena a Venezuela, ni que se pida la suspensión de ese país como miembro del Consejo, aunque los países tienen hasta el 21 de septiembre para hacerlo si así lo desean.
Este extremo sí que podría suceder en el caso de Burundi también miembro del Consejo dado que su Gobierno ha sido acusado por una comisión de investigación de la ONU de haber cometido actos que, de probarse, podrían constituir crímenes contra la humanidad.
La suspensión debe ser decidida por la Asamblea General, pero el Consejo podría solicitarla argumentando que un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo no puede ser garante de las leyes fundamentales.