La Plaza de Bolívar de Bogotá amaneció el pasado martes 24 de junio cubierta por una impactante «piscina» de 12 toneladas de botellas plásticas PET. Esta dramática escenografía, organizada por más de 30 asociaciones de recicladores de todo el país, fue una poderosa acción de protesta para visibilizar la precaria situación económica que enfrenta el sector y el rol ambiental fundamental de su trabajo.
Las 12 toneladas de PET fueron recolectadas en solo dos semanas por aproximadamente 2.000 recicladores urbanos. Según cálculos presentados, si este material se vendiera a los precios actuales del mercado, cada reciclador obtendría un ingreso irrisorio de apenas 6.500 pesos por toda la labor. Esta cifra subraya la desproporción en la remuneración, con costos logísticos de recolección y procesamiento que superan ampliamente el precio de compra.
«Queremos mostrar que si no fuera por nuestro trabajo, toda esta cantidad de materiales… estarían rebosando los rellenos sanitarios», expresó Martha Elena Iglesias, representante de la Asociación de Recicladores de Antioquia, quien destacó que el precio del PET ha caído drásticamente en los últimos dos años (de hasta 3.000 pesos a 1.200 pesos por kilo), generando pérdidas promedio de 1.150 pesos por kilo para los recicladores.
Plaza de Bolívar: visibilizar su rol esencial en la gestión ambiental urbana
La protesta, que reunió a delegaciones de diversas regiones del país, no solo se centró en el plástico, sino también en la baja rentabilidad de otros materiales reciclables como el cartón, vidrio y metales. Nora Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia (ANR), enfatizó el doble objetivo de la acción: visibilizar su rol esencial en la gestión ambiental urbana y exigir una remuneración digna.
Entre sus propuestas, los recicladores demandan la creación de un fondo económico proveniente del impuesto al plástico de un solo uso, destinado a compensar su labor. Además, solicitan la regularización de los precios de los materiales reciclables a través de una política pública clara que incluya justicia económica, así como el cumplimiento de sus derechos a salud, pensión y salarios dignos.