Reuters | LA PRENSA de Lara.- Entre los cientos de miles de personas que han repletado las calles de Santiago para protestar contra un modelo económico profundamente desigual, dos ancianos sobresalen en medio de los jóvenes.
Entre los escombros, el gas lacrimógeno y los muchachos golpeando cacerolas, Norma Carrasco, de 68 años, y su esposo, Hernán Figueroa, de 78, protestan por una demanda que está en el corazón de la molestia pública: un sistema de pensiones que deja a muchos jubilados con escasos fondos para subsistir.
La demanda no es nueva, pero es clave para entender el estallido de la última semana en una de las economías más sólidas de América Latina, que forzó al presidente Sebastián Piñera a recurrir a los militares para custodiar la seguridad por la violencia rampante y los saqueos.
En las calles de la ciudad, el enojo por las pensiones hace eco entre jóvenes que están a décadas del retiro, pero que han visto a sus abuelos sufrir carencias y que no quieren el mismo destino.
«Ya basta. La gente está cansada de todo esto, saturada. Necesitamos buenos salarios, pensiones para los abuelitos», dijo Octavio Solís, de 43 años, un guardia de seguridad, mientras hacía fila en una oficina para recibir beneficios por desempleo en Santiago. «Me duele».
El sistema de pensiones privados en Chile nació en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, y ha sido un modelo elogiado e imitado por otros países. Pero en Chile, lo jubilados a los que se les prometió recibir un 70% de sus salarios finales, usualmente reciben un monto muy inferior.
Norma Carrasco trabajó desde que era una niña como costurera en una fábrica textil, pero hoy vive con apenas 100.000 pesos chilenos, unos 138 dólares, al mes. Su esposo también trabajaba en la industria textil y recibe un poco más, cerca de 140.000 pesos.
Sobreviven económicamente gracias a sus hijos, dice la pareja. «Complemento con la ayuda de mis dos hijos para pagar las cuentas y la atención en salud que tenemos es la que podemos recibir del estado», añade Norma.
¿MercedesBenz?
El sistema de pensiones estableció en su fundación que los trabajadores debían entregar obligatoriamente al menos un 10% de su salario a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones(AFP). Su creador, hermano del actual presidente, lo apodó el «Mercedes Benz» de las pensiones.
Las administradoras de los fondos de pensiones locales -que tienen miles de millones de dólares en inversiones en Chile y el extranjero- prometían un sistema de capitalización individual más sostenible que el anterior, que suponía financiar a los más viejos con fondos de los que estaban aún trabajando.
Pero en la realidad, muchas personas no son capaces de aportar lo suficiente como para recibir un pago adecuado, mientras que el tercio de los chilenos que trabaja en empleos informales, junto con los desempleados y las mujeres que dejan su trabajo para cuidar de sus hijos quedan en el camino.
María Luz Navarrete cuenta que trabajó como funcionaria pública por más de tres décadas, pero que a sus 70 debió conseguir un empleo como conserje para llegar a fin de mes. «Sigo trabajando porque de otra manera la plata no me alcanza».
Jorge Heine, un académico que fue ministro de gabinete de uno de los gobiernos de centroizquierda a fines de los 90, llama al sistema de pensiones «un verdadero desastre».
«Mucha gente se cambió desde el viejo sistema al nuevo en los 80 con la promesa de poder jubilarse con una pensión completa. En vez de eso, el sistema condenó a millones de personas a la miseria», dijo.
Quienes defienden el esquema de retiro aseguran que el problema no es el sistema en sí, sino los bajos salarios, un mercado laboral débil y una población que envejece.
«Las bajas pensiones son el resultado de los bajos niveles salariales, y el período de retiro es demasiado largo en relación con el período de trabajo», explicó el presidente de AFP Habitat, Cristian Rodríguez, en un evento en agosto. «La discusión necesita enfocarse en los problemas reales, no en los más populares», enfatizó.
El dinero colocado en las arcas de las AFP -que actualmente suma 216.000 millones de dólares o el equivalente a un 80% del PIB chileno-, ayudó al auge de la economía y de una pequeña elite, mientras la nación sudamericana coqueteaba con el estatus de país desarrollado.
Francisco Iturriaga Steck, presidente de la Unión Nacional de Pensionados, criticó la falta de acción no sólo de Piñera, sino de las administraciones previas también. Los gobiernos han intentado presionar por cambios, pero no han avanzado en un Congreso dividido.
El propio Piñera prometió un incremento de 20% en las pensiones básicas para los más pobres y un aumento de los subsidios estatales. Pero en las calles, los manifestantes siguen escépticos.
«El gobierno no le ha tomado el peso al problema», dijo Francisca Astudillo, trabajadora de un supermercado que participó en una de las protestas la semana pasada.