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jueves, 4 junio 2026
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Meta y YouTube enfrentarán millonaria indemnización por daños a la salud mental de menores

Un jurado de Los Ángeles ordenó a Meta y YouTube pagar 3 millones de dólares por perjudicar la salud mental de menores.

Un jurado en Los Ángeles emitió este miércoles un veredicto histórico al declarar a las plataformas Meta y YouTube responsables de afectar la salud mental de usuarios menores de edad. El caso, que se suma a una creciente lista de litigios contra la industria tecnológica en Estados Unidos, concluyó con una orden de pago por 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y perjuicios económicos.

El proceso legal, iniciado a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se centró en la demanda de una joven de 20 años, identificada como K.G.M. La demandante argumentó que el uso prolongado de aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia derivó en una adicción con consecuencias negativas para su bienestar.

De acuerdo con el dictamen judicial, la responsabilidad financiera fue distribuida entre las empresas demandadas: Meta deberá cubrir el 70 % de la indemnización, mientras que YouTube asumirá el 30 % restante. No obstante, el jurado, conformado por siete mujeres y cinco hombres, continúa sus deliberaciones para determinar si existen daños punitivos adicionales por conceptos de fraude o dolor emocional.

Meta y YouTube enfrentarán millonaria indemnización por daños a la salud mental de menores

Meta y YouTube no son las únicas plataformas

Este veredicto se perfila como un referente crucial para cerca de 1.500 casos similares que actualmente esperan resolución en tribunales estadounidenses. Cabe destacar que, en el inicio de este proceso, otras plataformas implicadas en la demanda original, como TikTok y Snapchat, optaron por llegar a acuerdos privados con la parte demandante, evitando así llegar a la fase de juicio.

La decisión en Los Ángeles coincide con una reciente sentencia en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones de dólares tras ser hallada culpable de ocultar información sobre prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil. Ambos sucesos reflejan una tendencia creciente de cuestionamiento legal hacia las políticas de responsabilidad y seguridad de las grandes redes sociales en el país.

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