EFE | LA PRENSA DE LARA.- Una jueza del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago calificó de perturbadoras las circunstancias que llevaron a la deportación de 16 niños y 9 mujeres venezolanas, además de admitir que no tiene jurisdicción para ordenar su regreso a ese país miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom).
La magistrada Avason Quinlan-Williams dijo este martes que era preocupante la orden de un juzgado que permitió la deportación de los venezolanos.
Calificó además de confuso que la Policía no supiera a quién se entregó a los venezolanos y que la división de inmigración tampoco tenga una respuesta clara de cuál fue su paradero.
El domingo por la noche, la jueza Quinlan-Williams ordenó al jefe del Estado Mayor de la Defensa que llevara ante su presencia a los 16 niños y nueve mujeres venezolanos.
Medios locales informan de que, a pesar de ello, los venezolanos fueron conducidos en varias embarcaciones fuera de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera.
Los niños y mujeres presuntamente fueron detenidos el martes pasado y conducidos a diferentes comisarías.
Todos dieron negativo a la covid-19 tras ser sometidos a las correspondientes pruebas y a pesar del recurso presentado para evitar su deportación finalmente fueron forzados a abandonar el país.
La abogada Nafessa Mohammed dijo en declaraciones a medios locales que estaba «extremadamente decepcionada» por el giro de los acontecimientos y criticó al Estado por su actitud «inhumana» hacia los inmigrantes.
Dijo que el estado debería haber adoptado un enfoque humanitario y de derechos humanos, ya que se trata de una situación que involucra a niños.
El fiscal general de Trinidad y Tobago, Reginald Armour, indicó sobre el asunto que cuando la jueza Quinlan-Williams dio la orden de que se presentara a los inmigrantes ante ella ya no estaban «bajo la jurisdicción de Trinidad y Tobago».
Dijo que en tales circunstancias ella ya no podía emitir una orden sobre el asunto.
Medios locales señalan que algunos de los niños que fueron repatriados tenían padres viviendo en Trinidad y Tobago y eran titulares de la tarjeta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La jueza describió como desalentador el elemento de sigilo que se utilizó para sacar a los niños de Trinidad y Tobago cuando las autoridades sabían que el asunto estaba atrayendo la atención del tribunal.
Con información de: EFE