Agencias |& ; LA PRENSA DE LARA.- Miles de guatemaltecos salieron el lunes a las calles, en medio de un ambiente de convulsión electoral que lleva casi un mes, para exigir que se respete la democracia del país tras las actuaciones fiscales y judiciales contra uno de los dos partidos que irá a segunda vuelta de las presidenciales y contra el Tribunal Supremo Electoral.
La protesta rechaza la judicialización del proceso electoral, ante los intentos de la Fiscalía de suspender al partido político Movimiento Semilla, cuyo líder, Bernardo Arévalo, se disputará la presidencia del país el 20 de agosto ante la candidata de derecha Sandra Torres. De la segunda vuelta saldrá el reemplazo del mandatario Alejandro Giammattei.
Desde la mañana del lunes varios grupos de médicos, estudiantes, trabajadores o activistas están recorriendo la zona uno de la capital guatemalteca, de forma pacífica, para mostrar su descontento con las actuaciones de la fiscalía y de las cortes del país que, según consideran, están poniendo en riesgo la frágil democracia de Guatemala.
Una de las exigencias más repetidas en las protestas que se han suscitado luego de las elecciones del 25 de junio es la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras por considerar que es ella la que lidera la judicialización del Movimiento Semilla.
El rechazo también se ha dirigido contra el gobierno y el presidente. «Mitómano, corrupto, mediocre y saqueador, Alejandro Giammattei; está interfiriendo en el proceso electoral, junto con Miguel Martínez (amigo íntimo del presidente y ex funcionario de gobierno), junto con su fiscal y amiga, la fiscal de la impunidad Consuelo Porras», rechazó, Sergio Morataya uno de los manifestantes.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad, encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, muy cercano a Porras, obtuvo el respaldo de una orden judicial para suspender la personería jurídica del movimiento Semilla, alegando que se constituyó como partido con presuntas irregularidades en la recopilación de firmas de afiliados.
El Ministerio Público inició una investigación y en las dos últimas semanas el juez Fredy Orellana ordenó allanar dos veces el Tribunal Supremo Electoral y emitió una orden de detención contra la autoridad que está encargada del mismo, pese a los amparos provisionales concedidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).
El tribunal del mayor jerarquía del país les corrigió la plana y dijo que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no se puede suspender la personería de una organización política mientras se esté realizando el proceso electoral, pero dejó abierta la vía para que la Fiscalía siga con una investigación penal contra miembros del partidos.
A pesar de que la CC dijo que no se puede suspender a Semilla, el juez Orellana ordenó la aprehensión de una funcionaria del TSE por no ejecutar su orden judicial. El partido político ha pedido separar al magistrado al considerar que ha quedado expuesto su interés y parcialidad en el caso, pero éste se ha negado a apartarse.
El lunes el Parlamento Xinca, integrado por autoridades ancestrales de una de las cuatro etnias del país, presentó tres querellas contra Porras, Curruchiche y Orellana, respectivamente, acusándolos de resoluciones violatorias a la constitución. Éstas se unen a otras que ya recaen contra los mismos funcionarios por intromisión en las elecciones.
Porras y Curruchiche fueron sancionados en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción. Orellana fue incluido en la lista de sancionados en julio de 2023.
Arévalo se disputará la presidencia con la derechista Sandra Torres, según anunció el 12 de julio el TSE, ya que la ley guatemalteca estipula que si nadie alcanza el 50% de los votos, habrá balotaje entre los dos candidatos más votados. Ninguno de los 22 binomios obtuvo mayoría suficiente para ganar en una sola vuelta.
El tribunal tardó 17 días en hacer oficial el resultado de las elecciones, debido a recursos legales presentados por los partidos perdedores y que fueron aceptados por la Corte de Constitucionalidad. Esta autorizó que se hiciera una segunda revisión de las actas que recogieron los votos, que terminó finalmente con la constatación por parte del TSE de que no hubo cambios significativos que modificaran los resultados obtenidos.
Ese mismo 12 de julio, una hora antes de que el TSE anunciara oficialmente quienes iban al balotaje, el fiscal Curruchiche anunció en un video que iniciaba acciones penales contra Semilla, por hechos ocurridos en 2017 y 2018.