Este martes 20 de mayo entró en vigor en España el nuevo reglamento de extranjería, cuyo objetivo principal es regularizar a aproximadamente 900.000 personas en los próximos tres años.
Entre los beneficiarios previstos se encuentran más de 66.000 venezolanos. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo debido a los posibles riesgos que podría implicar para ciertos colectivos como solicitantes de asilo, muchos de ellos de América Latina.
Una de las novedades más relevantes es la reconfiguración de la figura del arraigo, que ahora se divide en cinco categorías: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. Además, se ha reducido de tres a dos años el período de residencia en España necesario para acceder a esta figura.
Otra modificación importante es la creación de una autorización de residencia para los familiares de ciudadanos españoles, con el fin de fortalecer la reagrupación familiar. Entre los cambios, se amplía la cobertura, por ejemplo, extendiendo la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.
En aspectos positivos, el reglamento establece que todas las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año, y las renovaciones serán de cuatro años, con el objetivo de evitar situaciones de irregularidad que puedan surgir de manera imprevista.
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