Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- La historia se resiste al olvido, así como un pueblo que se levanta desde cementerios prehispánicos y amerita de leyes más actualizadas en protección patrimonial. Es el pedido de quienes valoran la identidad cultural e insisten en presionar para que esta memoria histórica conviva en la cotidianidad. Esfuerzos que sumarán en cada hallazgo arqueológico en el municipio Jiménez, buscando la celeridad en las investigaciones y seguimiento desde el rescate gubernamental. Cada tiesto, fragmentos de osamentas humanas o animal, así como los rastros de maíz carbonizado suelen ser de interés para seguir reafirmando la historia de aquellas comunidades de gayones y arawacos que se desarrollaron en la depresión de Quíbor que hoy se conoce como valle.
Cronistas, antropólogos y arqueólogos coinciden en que no hay avances. Sienten temor porque se pierda el control riguroso ante la libre construcción, a sabiendas de que la mayoría del territorio municipal abarca 313 sitios de interés arqueológicos.
La tierra huele a esos aborígenes y a la curiosidad de descubrir —más de cerca— esos extremos que hablan de una cultura dominante, a placer del mandato de caciques y cumpliendo todos los designios del cacicazgo. Pero también de aquellas aldeas secundarias que les servían y entregaban ofrendas. Según Rubia Vásquez, directora del museo de Quíbor, son muchas las hipótesis para enriquecer el sentido de pertenencia y ese lazo ancestral que nos une como pueblo. Respetar y evitar movimientos de tierra a más de 1,5 metros de profundidad en los sitios de interés arqueológicos es la principal normativa para conservar estos vestigios de historia. Además de la notificación inmediata a los órganos competentes, para descartar que se trate de restos de corta data, algo que le corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero de ser al contrario, las investigaciones se levantan desde el museo antropológico con todos los especialistas y la debida planificación de excavaciones.
Vásquez dice que se puede tener mayor impacto a partir de una normativa más actualizada. Recuerda que la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural está vigente desde 1993, incluso luego se tuvo el proceso constituyente para modificar la Carta Magna y la principal norma sigue esperando por el ajuste a las exigencias actuales.
«El tema es complejo porque la ordenanza municipal es anterior a la ley central» señ;ala y precisa que han tenido conversaciones para que se actualice e incluso considerando la pertinencia de la revisión de marcos jurídicos internacionales, con elementos que puedan ser incluidos.
Aclara que no se trata de impedir el desarrollo de la ciudad, sino de considerar a partir de la planificación urbanística y que las personas tengan conocimiento de la importancia de colaborar en el resguardo del patrimonio arqueológico. «Es recordar que cada fragmento puede marcar un episodio de la historia».
El cronista, Nildo Echegaray, precisa que desde la Junta de Patrimonio Municipal reconocen esa necesidad de un enlace permanente con el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) y la asignación de recursos para la recuperación de espacios. «Estamos sobre los cementerios indígenas y exigen protección», exclama para evitar que construcciones de urbanismos o privados atenten contra esos caminos de historia, pendientes por descifrar.
Quíbor, tierra de misticismos y yacimientos arqueológicos -IV PARTE-
