Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Un sueldo base desde Bs. 7 millones hasta el personal más antiguo en Bs. 21.280.000, no cubre las necesidades básicas. De allí, que el sector salud rechaza el pago fraccionado de bonos o retroactivos sin incidencia salarial, tal como lo viven con el acta convenio firmada en abril de 2021 que prometía la cancelación para finales de junio y se extendieron algunos pagos entre julio y agosto. Han llamado a paro nacional, pero hasta el déficit de personal evita una acción con más fuerzas, mientras se debaten entre la excesiva carga asistencial y el esfuerzo constante hasta para trasladarse a sus centros de trabajo.
La molestia para sindicatos fue contundente desde el pasado 6 de julio, con el reconocimiento sólo para los dependientes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) e Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), mientras confirmaban que los dependientes del Ministerio de Salud quedaron a la espera.
«Nos oponemos a discusiones de actas convenios, con prácticamente la bonificación del salario porque no tiene incidencias en vacaciones, prestaciones y otros», señaló Alberto Domínguez, titular del sindicato del Seguro Social, al punto de comparar el cobro al período de Eleazar López Contreras a principio de 1940. Rechaza una puesta giratoria con bonos «que se diluyen como sal y agua», ante la realidad de la inflación imperante en el país.
Viven en ese escenario que mantiene las escalas salariales, se propone bono de alimentación y transporte por Bs. 21 millones cancelados por la plataforma Patria. Se conserva la prima por hijos y por antigüedad que establece un ajuste desde el 12% hasta 60% a quienes tienen más de 21 años de servicio.
Cuando Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras en Lara, toca el tema se refiere a una discusión, pero sin la participación de gremios y sindicatos entre abril y mayo de 2021. Transporte y alimentación sí fue reconocido, pero siguieron pendientes con varios pagos. Una reacción que desató la molestia en personal del hospital pediátrico Agustín Zubillaga, con una protesta silenciosa, al no poder unirse a la protesta nacional convocada por FetraSalud.
Euclides Durán, presidente del sindicato de Empleados Públicos de Salud de Lara, coincide al exigir el pago oportuno y advierte ese riesgo de que los bonos sólo sean cancelados cuando tengan la posibilidad. Reconoce ciertas mejoras en la prima por antigüedad. «Imploramos que Dios nos meta una mano, porque la inflación se traga todo y hasta con miedo, con la posible devaluación de la moneda en agosto», lamenta.
Ese gota a gota es inaceptable para Wilfredo Escobar, representante de Trabajadores de Institutos Proveedores de la Salud (Sintra-Ipro-Salud), recordando que el paro nacional fue reprogramado ante un primer llamado que sólo incluyó 11 hospitales.
Acorralados sin las condiciones
La necesidad se apostó en el sector salud, con el zarpazo de la diáspora que empezó a mermar el personal y las renuncias en progresivo por el bajo sueldo que parte desde Bs. 7 millones. Los pocos que se mantienen activos se levantan con la mística, frente al cansancio por carga asistencial y desgaste físico del esfuerzo diario.
«El personal es excepcional y hasta termina subsidiando al Gobierno», recalca Euclides Durán, del sindicato de Empleados Públicos de Salud de Lara, ante las limitaciones del personal que vive en lugares foráneos para conseguir el pasaje. Cita que un trabajador con más de 30 años de servicio, no tiene para pagar Bs. 20 millones quincenal y así trasladarse desde caseríos de Palavecino hasta Barquisimeto.
También recuerda que la mayoría recurre a otras entradas económicas, a través de servicios domiciliarios, economía informal, ofertas en electricidad y soldadura, entre otros oficios para lograr estirar el presupuesto y asegurar la compra de alimentos, rezando que no tengan una emergencia.