Los reductores viales, frecuentemente instalados en las principales calles o avenidas de las comunidades, son una de las opciones para prevenir que la imprudencia de los conductores por exceso de velocidad ocasione accidentes de tránsito. Los habitantes buscan garantizar su seguridad con estos elementos llamados popularmente «policías acostados», que sobresalen del asfalto para forzar la reducción de la velocidad. Esta situación; sin embargo, genera controversia. Por ello, conocedores del tema recomiendan que se exija la debida autorización y el cumplimiento de la normativa para evitar daños al parque automotor.
Nelson Torcate, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), sostuvo que en el organismo han recibido más de 3.000 solicitudes de colocación de reductores viales en varios sectores de Barquisimeto, municipio Iribarren. Pero afirma en que sólo lo autorizan y realizan con el debido acompañamiento cuando se conocen las especificaciones que establece la ley y se cumplen con los permisos correspondientes. Busca evitar que se generalice esta práctica que puede obstaculizar el tránsito en determinados sectores.
AMTT busca regulación y alternativas
Considera necesaria la debida evaluación del área, ante la posibilidad de optar por otras alternativas, tal como los resonadores viales, los cuales sobresalen como especie de bandas que emiten la vibración y el sonido para forzar que se vaya reduciendo la velocidad.
De hecho, Lilian Romero, especialista en temas viales, sostuvo que al no instalarse de forma correcta estos dispositivos, tal como lo establece la normativa vigente del país, se estaría revirtiendo la utilidad de estos populares «policías acostados» y se corre el riesgo de ocasionar un problema vial que terminaría en el incremento de accidentes en la población.
«El Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, establece que estos reductores viales deben tener ciertas características para que cumpla su función, tal como las dimensiones, estos reductores que deberían ser de 10 centímetros de alto y de 3.70 metros mínimo de ancho «, expuso Romero, quien agregó que también se debe tomar en cuenta la cantidad de vehículos que circulan por la zona al día. Esto influye en la colocación de la señalización vertical que anuncie los reductores de velocidad a una distancia de entre 100 metros y 200 metros en vías urbanas, así como 400 metros o más en vías de alta velocidad.
Romero, quien también es directivo de Asotránsito, agregó que para la colocación de reductores se debe indicar la velocidad máxima permitida para el cruce del reductor y establecer si existe un paso peatonal. Resaltó que es un tema complejo que implica analizar todo el contexto, tomando en cuenta si es viable la incorporación de drenajes para las aguas pluviales para evitar que se acumulen en vías principales, además de justificar los motivos para levantar el dispositivo y la cantidad de personas que se benefician.
Exigencias de la norma venezolana para su instalación
La controversia que se ha confirmado con testimonios de varios habitantes de comunidades de las parroquias Unión y Ana Soto, es que generalmente la mayoría de motorizados no respetan estos reductores y suelen ser tan osados que no disminuyen la velocidad y los esquivan conduciendo hacia el hombrillo. Otros se montan en la acera, siendo una mayor amenaza de arrollar a un transeúnte e incluso impactar un poste o cualquier objeto fijo.
Es una situación que resalta Lucía Linares, abogada en seguridad vial, al decir que hay que reforzar la educación vial acudiendo a la prudencia y conciencia para manejar de manera responsable. De allí que se necesitan charlas y trabajar en planteles educativos. Además, considera que se deben eliminar riesgos, empezando por garantizar la vida del conductor y de transeúntes; también evitar los daños al Estado, cuando sufren accidentes que pueden comprometer el alumbrado eléctrico del sector.
Reconoce que los habitantes suelen construir reductores en las zonas que tienen más afluencia de vehículos y peatones, principalmente porque tienen cerca planteles educativos o lugares muy concurridos, así como en urbanizaciones cerradas para asegurar la movilidad de los niños.
Reductores ante la imprudencia vial
Los argumentos en comunidades, como el sector 1 de Los Crepúsculos y barrio El Carmen, son la inconsciencia de motorizados que ni siquiera frenan en las esquinas y se limitan a tocar la corneta. También sienten el peligro en esos momentos en que la imprudencia termina con motopiruetas que exponen la vida tanto del chofer como de otra persona.
Luis Soto, residente del barrio Los Luises, reconoce que la comunidad se organizó hace siete años para levantar los «policías acostados», porque motorizados y unidades del transporte pasaban a exceso de velocidad. «El detonante fue tres personas arrolladas y nadie se hizo responsable de ello, por el contrario, huían del lugar, comenzamos a construirlos con cemento y luego reforzamos con asfalto», dice Soto y admite que al cabo de dos meses ya habían reducido las incidencias.