William Croes | LA PRENSA.- Desde el viernes, más de 300 unidades pertenecientes a tres líneas de transporte que prestan el servicio San Felipe – Barquisimeto no pueden operar en el estado Yaracuy. La orden la emitió la directora del terminal de pasajeros del municipio Independencia, y transportistas denuncian que es ilegal porque el único organismo que puede retirar concesión es el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.
Los dueños de las unidades fueron desalojados en un par de oportunidades del terminal nuevo de San Felipe. A regañadientes se salieron y comenzaron a operar afuera del lugar, como cualquier carro pirata; sin embargo, las autoridades policiales fueron un poco más allá y limitaron la entrada al estado vecino de las busetas.
“Sin duda se trata de una acción que no tiene validez, es una total arbitrariedad”, expresa Pedro Calles, asesor jurídico de las líneas Unión, La Pastora y El Padral, que denuncian abiertamente que la exclusión del terminal se debe a un interés acomodaticio para favorecer a la línea Expresos San Felipe que permanece cubriendo la ruta.
Los representantes de las tres líneas que pertenecen al Sindicato Automotor indican que es una medida dirigida hacia ellos, porque las otras líneas socialistas continúan operando entre San Felipe y Barquisimeto, y cobran un pasaje con el ajuste de 500 bolívares en buseta y mil bolívares en carro cinco puestos.
Hugo Cuicas, miembro del Sindicato Automotor, expresa que no se perjudica nada más a los 300 dueños de unidades y sus trabajadores, sino que también a las más de 2 mil personas que se benefician del servicio de estas tres empresas que quedaron sin poder pisar el estado Yaracuy.