Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- El milagro que pueda representar para los pequeños productores agrícolas poder sacar una cosecha, se enfrenta a los altos costos que pagan por el gasoil en el mercado negro, lo cual despierta la extorsión de algunos funcionarios policiales en las alcabalas y el tortuoso traslado del combustible por vías deterioradas.
Quienes trabajan la tierra en municipios foráneos viven temerosos, víctimas de este condicionamiento para equiparse con gasoil, indispensable para activar la maquinaria, procesar rubros y asegurar la distribución desde el campo a mercados mayoristas. Los costos en el mercado negro por cada litro van desde 2,5 dólares, pero la vacuna impuesta por funcionarios va desde 20 dólares por pimpina hasta superar los mil dólares cuando descubren que trasladan su provisión de varias pipas.
Lo asocian como una cacería, cuando ciertos puntos de control terminan asfixiando al productor e inflando la estructura de costos. Una denuncia que no formulan, ante el miedo de amedrentamientos.
«Logré pasar el primer punto, pero luego nos alcanzaron funcionarios motorizados. Me preguntan: ¿Por qué no pasaste por el comando? Respondí, que no sabía que para comprar gasoil se necesitaba otro tipo de permiso previo», cuenta un productor de Guarico con miedo a identificarse, que aún mostrando sus registros, documentos de la finca y carta del consejo comunal le admiten que está legal. Esto le ocurrió a mediados de octubre de 2021, pero olvidó «acordarse de los pobres, que significaba salvar con 20 verdes a los funcionarios». Sólo transportaba 5 pipas para la secadora del café y significó que cada una saliendo a $100, con este tipo de «colaboración» termina costando hasta $200.
Los absorben
Es un tema que causa temor frente al cobro de esa «vacuna», que olvida el sacrificio de todos los productores para ubicar el combustible y mantenerse productivos. «Prácticamente se está institucionalizando una especie de tarifa por pipa de combustible, pero sin llegar a generalizar con todos los funcionarios», reclama Antonio Escalona, titular de Unagandes, sin considerar todo lo que arrastra cada productor luego de perdurar durante varios días en cola en estaciones de servicios, terminar con el más costoso bachaqueado para evitar perder los rubros y garantizar esos trayectos largos desde las montañas hasta los centros de consumo.
Esto encarece el producto, según Escalona, sin llegar a especificar en números exactos por lo relativo de la «aventura» que representan los gastos en este tipo de alcabalas y hasta el impacto de 25% en el ajuste por el gasoil, que a precio clandestino se consigue a $2.5 por litro.
Pero esa salida costosa también es repudiada por Antonio García, desde el Movimiento indígena AsoYacambú en Andrés Eloy Blanco. «No tenemos quién nos defienda y a la gente le da miedo. Que cese el atropello», rezonga cuando denuncia al alto funcionario del comando de la GNB de Sanare, por permitir el cobro de hasta más de mil dólares a algunos productores.
Una zozobra vivida, mientras los afectados se desesperan porque el café se les descompone por estar a destiempo y ante la humedad por las lluvias. De allí, lo vital de la secadora, cuya operatividad demanda 2 pipas de gasoil para procesar entre 20 a 25 sacos. La asfixia puede ser tal, que en El Tocuyo conocen de un punto antes de desviarse a Guarico o Los Humocaros, donde hubo el caso de una víctima que llevaba cuatro pimpinas de gasoil y tuvo que «pagar» $120 para no abrirle un procedimiento.