Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- Impotencia y angustia sintió Raiza Farnataro, paciente con VIH-Sida y coordinadora de la Fundación Conciencia por la Vida, cuando el pasado 23 de febrero, vio cómo se incendiaban los cargamentos de medicamentos y alimentos en el puente Francisco de Paula Santander que contenían la ayuda humanitaria para Venezuela. Afirma que desde el momento en que la acción fue impedida por el gobierno, se desvanecieron las esperanzas de la población que requiere atención prioritaria, producto de la crisis, unos siete millones de venezolanos, según la ONU.
«Ese episodio fue horrible. Yo estaba en Cúcuta cuando se incendiaron las gandolas con medicamentos. Desde ese momento dejé de creer en la ayuda humanitaria de la que tanto hablaron los políticos», contó Farnataro, rememorando la batalla campal que le tocó vivir cuando guardias nacionales y manifestantes se enfrentaban en la frontera colombo venezolana. Su intención era recibir los antirretrovirales para unos 2.200 pacientes seropositivos de Lara y que en los últimos tres años han sufrido las consecuencias de su deterioro de salud desde el momento en que el Ministerio de Salud dejó de entregar periódicamente estos fármacos a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Víctor Martínez, presidente de la Fundación de pacientes oncológicos y crónicos (Fundaconvive), informó que 17 mil 200 personas en la entidad, requieren medicamentos de alto costo, según una data que levantaron en enero. Esas personas se quedaron en un limbo porque nunca recibieron ayuda concreta de la Asamblea Nacional, una vez que Juan Guaidó asumió la presidencia interina, ni mucho menos han sido atendidos por el gobierno regional o nacional. «La ayuda se volvió una quimera, la politizaron. En el estado las ONG levantamos nuestro informe, pero eso no le importó a nadie, porque los pacientes siguen falleciendo por falta de medicamentos.
Asegura que el estado tiene 2.700 pacientes con cáncer y que a diario mueren dos personas por falta de radioterapias y quimioterapias que no se consiguen desde 2017. Precisó que el 95% de los pacientes no tienen recursos, ni siquiera para pagar exámenes de diagnóstico y les toca vivir la agonía entre dolores, con la colaboración de familiares en el exterior.
«Por lo general, cuando el dolor llega para los pacientes con cáncer, es cuando ya la enfermedad está en su fase terminal». Informó que un tratamiento de 28 sesiones de radioterapia cuesta más de seis millones de bolívares en cualquier clínica. Fármacos como el Avastin y el Capecitabine que son quimioterapias, valen 1500 dólares en ciudades como Bogotá, Colombia cuando la pueden adquirir.
«Se vive de la caridad, solicitando ayuda a familiares en el exterior, se hacen verbenas para recaudar fondos y se padecen de otras enfermedades que son secuelas de no tratarse correctamente el cáncer», narró Martínez, quien además de ser un paciente oncológico sufre de hipertensión. Comentó que a este gasto se le sumen los exámenes de rutina a los que deben estar sometidos estos pacientes. Cada tres o seis meses requieren exámenes de imagenología como una resonancia magnética que ronda los dos millones 600 mil bolívares en el mercado, una tomografía vale tres millones de bolívares, y los exámenes de laboratorio como hematología completa, heces, creatinina, glicemia y plaquetas, superan los tres millones de bolívares.
Shoribel Yústiz, paciente renal, informó que los enfermos crónicos han transitado un periplo buscando información sobre la ayuda humanitaria sin obtener respuestas. «Llevamos años protestando por la falta de inmunosupresores. Hemos ido a la Gobernación, Dirección de Salud, Asamblea Nacional, Ministerio de Salud, consulados, embajadas y no logramos nada. En enero estábamos listos para entregar la data con la información de los pacientes crónicos. Acudimos a la Cruz Roja cuando anunciaron que esta organización internacional se iba a encargar de la entrega de medicamentos y hasta conversamos con los delegados de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet en marzo cuando visitaron Lara denunciando el grave problema que tienen 1745 pacientes renales en la entidad«, expresó.
Yústiz manifestó que hasta con la Arquidiócesis de Barquisimeto se reunieron y la respuesta ha sido la misma en cada ocasión, el gobierno venezolano se niega a reconocer la emergencia en el sector salud y ha bloqueado la mayoría de donativos que han hecho organizaciones internacionales.
En el caso de los pacientes con VIH-Sida, Raiza Farnataro informó que este año recibieron un donativo de cinco millones de dólares que maneja la Organización Panamericana de la Salud, ONU Sida, Fondo Global y la Red Venezolana de Gente Positiva. «Ellos han cubierto el tratamiento de 77 mil pacientes a nivel nacional por un año, la entrega es controlada por el gobierno, pero la ayuda no se la debemos a ningún político, fue el esfuerzo en conjunto de los pacientes organizados con esta patología», acotó.