José Miguel Najul | LA PRENSA.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha impuesto un entorno adverso para la relegitimación de los partidos políticos que han quedado ilegalizados en el país. El momento en el que se ha hecho el anuncio, los tiempos que han dado para cumplir con los requisitos y la plataforma que han dispuesto inicialmente para ello, son elementos que juegan en contra de las organizaciones partidistas de diversas tendencias, a excepción del PSUV y la Mesa de la Unidad.
Tibisay Lucena, presidenta del ente comicial, anunció la instalación de 390 puntos de recolección, distribuidos en los 335 municipios del país, lo que da un promedio de 1,16 puntos por jurisdicción, tomando en cuenta que los espacios con mayor densidad demográfica contarán con una plataforma más amplia. Cada partido deberá registrar el 0,5% del padrón electoral de su entidad para poder volver a participar.
En Lara la cuota es de 6 mil 527 personas por partido. No pueden tener “doble militancia” (es decir, que si firma en apoyo a un partido y luego lo hace por otro, el primer respaldo desaparecerá automáticamente en cuanto manifieste el segundo al cruzar los datos).
En la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conviven unas 17 organizaciones partidistas, entre pequeños y grandes. El Gran Polo Patriótico (GPP) alberga otras 15, y 19 más se presentaron en los últimos comicios parlamentarios del 2015, en diferentes alianzas y configuraciones, como sectores independientes y despolarizados.
Son dos razones las que han provocado esta situación. La primera se aplica a los partidos más pequeños, que no lograron recabar 1% en los últimos comicios, que es el mínimo establecido para seguir dentro de la legalidad, y cuyo incumplimiento los obliga a revalidar la nómina.
La segunda es la ausencia absoluta de las boletas de elección, ocurrido con todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que prefirieron adherirse a la tarjeta única para simplificar la selección de sus electores frente a las máquinas.