Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Bajo la apariencia de que en Venezuela se va a dar una apertura económica hacia el capitalismo, el gobierno presentó la Ley Antibloqueo, con la que pretende evadir las sanciones internacionales, bajo la premisa de que el Estado garantizará los derechos humanos para favorecer el desarrollo económico. La ley que tiene rango constitucional según la Asamblea Nacional Constituyente, consta de 34 artículos, y se fundamenta en el estado de excepción, prorrogado 26 veces desde 2016, para que Nicolás Maduro siga tomando medidas que le permitan mantenerse en el poder a pesar de la crisis.
Pero aunque el enunciado de la normativa pueda causar confusión dentro del sector privado y ciudadanos, por eso de que existe la posibilidad de que el gobierno revierta las expropiaciones y descentralice las empresas públicas y mixtas. Exmagistrados y especialistas en derecho constitucional alertan que la realidad, es que Nicolás Maduro ahora tendrá un cheque en blanco para manejar los activos de la nación, privatizar al Estado y hacer negocios con naciones extranjeras con total discrecionalidad, ostentando un poder por «encima de la Constitución».
«La Ley Antibloqueo es la repartición del país. A Maduro lo que le interesa es que le resuelvan el problema de la gasolina y de los servicios. Tiene un artículo en el que estipulan que todas las negociaciones serán de manera secreta, ocultas a la población, y eso lo que da a entender es que podría ser una gran máquina para lavar dinero, para el narcotráfico, y hacerlo en una estructura formal», advirtió Cecilia Sosa, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia.
Su declaración es respaldada por Jorge Rosell, también exmagistrado, quien sin titubeos afirma: «La ley es un instrumento que servirá para legitimar divisas provenientes del delito, como el lavado de dinero, narcotráfico, corrupción».
Para el abogado constitucionalista Jairo García, el propósito fundamental del oficialismo es «formalizar un «Estado autoritario», que Nicolás Maduro ha venido creando desde que perdió el control de la Asamblea Nacional. Su propósito es seguir respirando ante las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. «Sus socios como Rusia, China o Turquía, le están exigiendo que antes se seguir negociando con Venezuela, necesitan garantías legales de protección, en caso de que haya un cambio de gobierno», manifestó.
Explicó que el documento acaba con tres principios del estado de derecho, que pretende exterminar el ya agónico sistema democrático venezolano. «Rompe con el principio de la unidad del Tesoro Nacional, con el principio de la transparencia en la gestión del dinero público, de los activos que pertenecen a la República, y con cualquier tipo de control, parlamentario, ciudadano. Hasta amenaza con aplicar sanciones judiciales a quienes divulguen los negocios del gobierno», resaltó.
Cecilia Sosa argumenta que con esto Maduro se deslastra de las democracias del hemisferio, y pretende parecerse más a un Estado socialista, pero con un «capitalismo salvaje» al estilo de China. «Al régimen no le importa que EE.UU siga poniendo restricciones, porque ahora pertenece a un bloque externo y le da garantías a sus aliados, a los enchufados y los tentadores de bonos para que puedan cobrar lo que deben», concluyó.
«Ley producirá mayor pobreza»
Como un «bodrio jurídico», catalogó el diputado de la AN Alfonso Marquina, la Ley Antibloqueo, al indicar que la normativa está muy alejada de garantizar los derechos humanos o ser una apertura económica para la nación.
«La Constitución prohíbe que empresas estatales extranjeras puedan estar en el negocio petrolero. Con esta ley Maduro puede otorgar a una empresa extranjera no solo actividades de comercialización, sino incluso de explotación y de exploración de petróleo. Eso viola la reserva constitucional prevista en el artículo 301. Además le da facultades para endeudarse sin ningún tipo de control, es decir, él puede contraer financiamientos o créditos cuando quiera, por el monto que quiera, violando el artículo 312 de la carta magna, que indica que la ley de presupuesto establece el monto máximo de endeudamiento anualmente», expresó.
Indica que entre los aspectos más graves de la ley, es que viola el principio de la unidad de caja del Tesoro Nacional, porque el Ejecutivo podrá manejar con discrecionalidad los recursos de la nación sin rendir cuenta. «Esta aberración jurídica habla de crear cuentas distintas a las del Tesoro Nacional con todo el ingreso excedentario de la República y establece una norma de confidencialidad, lo que se traduce a que pueden robar a todo el sector público, otorgar contratos, hacer lo que les dé la gana y no están obligado a informarle al país», soltó.
Considera que un Estado que está siendo señalado como responsable de delitos de lesa humanidad por organismos como la ONU, no puede ser garante de los DD.HH y que tanta opacidad y poder para el gobierno lo único que provocará será disparar la crisis económica.
«El resultado de esta ley será mayor desabastecimiento, inflación, decrecimiento económico. En este 2020 nada más la pérdida del Producto Interno Bruto fue de 51,2%. Lamentablemente para los venezolanos este bodrio jurídico nos condena a mayor pobreza, desempleo, y a mayor decrecimiento económico», apuntó.