- Para Izquiel las alcabalas policiales en Venezuela causaban más temor que seguridad, sin embargo, de no haber una depuración en los comandos «la corrupción continuará».
- La abogada Lucía Linarez también destacó que en el país existen tres policías y que el Estado venezolano debe aclarar sobre las boletas de las multas.
Ya no estará la alcabala para detener al conductor, pero el uniforme seguirá en las calles. La eliminación de los puntos de control policial abre una nueva interrogante, cómo garantizar que el patrullaje cumpla su función de seguridad sin convertirse en otro escenario de «matraqueo, extorsión o abusos de autoridad», así lo explica Luis Izquiel, abogado y experto en seguridad ciudadana.
La decisión fue anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ordenó eliminar las alcabalas policiales urbanas y sustituirlas por un esquema de mayor presencia y patrullaje en las calles. La medida vuelve a estar sobre la mesa y no es nueva porque en el año 2021 ya se había ordenado acabar con las irregularidades en estos puntos de control, sin que el problema desapareciera por completo.
Cinco años después, el reto no está en retirar las alcabalas. Para Izquiel las alcabalas policiales en Venezuela causaban más temor que seguridad, sin embargo, de no haber una depuración en los comandos «la corrupción continuará».
«La preocupación de muchos ciudadanos es que esos funcionarios que extorsionaban en las alcabalas ahora pasarán a estar en el patrullaje y tampoco le brinda garantías a la ciudadanía», comentó Izquiel.
El abogado sostuvo que hasta ahora no se ha publicado el documento legal, donde se explican las características de esta limitación de las alcabalas urbanas, pero no se habló sobre las que se encuentran en las carreteras y pueblos.
«De esas también se debe hablar porque productores agropecuarios han denunciado que los policías les quitan dinero y hasta la mercancía que trasladan. Es por esto, que debemos revisar cómo será el marco legal que publicaran», indicó Izquiel.
El equipo del Diario de Lara, LA PRENSA, realizó un recorrido por diferentes sectores de Barquisimeto y observó que aún persisten estas alcabalas, como la que se encuentra en la carrera 17 con calle 22, frente a la Concha Acústica.
Para Lucia Linárez, abogada y experta en derecho de tránsito, es positivo que los puntos de control sean eliminados y trasladado a patrullajes móviles, sin embargo, es importante que se coordinen y supervisen para evitar hechos ilícitos.
«El Estado debe invertir en cámaras de seguridad en diferentes zonas, además del parque automotor porque muchas veces las patrullas no tienen ni combustible», sostuvo Linárez.
La abogada también destacó que en el país existen tres policías y que el Estado venezolano debe aclarar sobre las boletas de las multas.
«Se debe trabajar sobre las normas de convivencia en cada estado y así resguardar la seguridad de los ciudadanos», dijo la especialista.
La ONG Provea recordó que tras la Masacre de Kennedy, ocurrida en 2005 en Caracas, y en la que tres estudiantes de la Universidad Santa María (USM) fueron asesinados por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), el entonces Ministerio de Interior y Justicia dictó, en 2006, una resolución que regulaba la instalación de las alcabalas policiales y militares en el país.
En ese marco, y en medio de la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) ocurrida ese mismo año, las autoridades afirmaron que se avanzaría en la construcción de un nuevo modelo policial basado en los principios de «permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación». La ONG publicó que «lamentablemente el optimismo discursivo siempre ha chocado con la realidad y los reclamos históricos de las víctimas».
Luis Izquiel detalló que antes de colocar una alcabala o punto de control móvil en zonas del país debe haber una notificación al Ministerio de Interior y Justicia y a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) por parte del cuerpo de seguridad a cargo, pero esto no se hacía.
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