Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- El capital que necesita un ciudadano para ser dueño formal de una pequeña empresa en Venezuela oscila entre los 3 mil y& ;5 mil dólares, según estimaciones del presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, Eldi Montero, quien explicó que esta alta suma de dinero para constituir una empresa en un Registro Mercantil en el que se realizan al menos 10 trámites legales, se debe a que los costos de aranceles están anclados al petro, según la Gaceta Oficial 6.668 publicada el 16 de diciembre de 2021 que comenzó a circular en enero.
Pero a estos gastos también se suman los recursos para contar con un inventario, alquilar un local, pagar los impuestos municipales y tener una máquina fiscal actualizada, tal como lo exige el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), que en la actualidad puede costar hasta 1.500 dólares, señala Montero.
Roberto San Juan, coordinador de la cátedra de emprendimiento en la Universidad Yacambú, considera que si bien la AN que domina el chavismo aprobó en octubre 2021 la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, en la práctica las últimas medidas que ha incentivado el Estado venezolano para incrementar en la recaudación tributaria son una traba para cualquier emprendedor que quiere salirse de la denominada informalidad o economía sumergida.
Explica que el primer paso que debe hacer el emprendedor es trasladarse a un Registro Mercantil para realizar el trámite de búsqueda de nombre o reserva de nombre de la empresa que quiere registrar, eso tiene un valor de dos petros. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el valor de un petro es equivalente a 246.14 bolívares, que según la tasa oficial son 56.1 dólares. Es decir, sólo la búsqueda de un nombre puede costar 112 dólares.
El segundo paso es pagar el costo de inscripción de la empresa de una compañía anónima o sociedad anónima que cuesta un petro (56.1 dólares). La última empresa que San Juan asesoró tenía un acta con 10 folios, cada folio vale 0,50 petros (28,50 dólares), es decir, un monto total de 285 dólares. Lo que representa que tener un papel legal que diga que un negocio está legal vale como mínimo 453 dólares, eso sin tomar en cuenta los honorarios que cobra un contador público, que es quien tiene que hacer un balance de bienes, el pago de un comisario que lo exige el Saren, además de contar con un abogado.
«Ese dinero se podría invertir en mercancía, quienes están comenzando en sus negocios prefieren adquirir inventarios que formalizarse, el trámite de registrar una empresa puede tardar de tres a ocho meses por todos los requisitos burocráticos», apuntó.
Eldi Montero señaló, que además de registrarse, uno de los requisitos con los que deben contar el 98% de las empresas es tener una máquina fiscal actualizada para facturar, aprobada por el Seniat. «La más económica cuesta 750 dólares, mientras que las más actualizadas cuestan entre 1200 y 1500 dólares», refirió.
Presionados por las alcaldías
Dilio Hernández, economista, señala que en Venezuela además de los trámites burocráticos que tienen los emprendedores que cumplir para ser formales, deben financiarse con capital propio, porque el Estado mantiene un alto encaje legal de 73% que impide a la banca otorgar créditos.& ;
«En el fondo no hay capacidad financiera para atender la demanda en dólares en Venezuela. Sólo el sector agropecuario necesita 20 mil millones de dólares en créditos para reactivarse y el sector industrial también requiere una cantidad similar. Es decir, 40 mil millones de dólares que no los tiene el Estado venezolano ni por concepto de exportación petrolera ni de minería«, refirió.& ;
Señala que los nuevos negocios también deben contar las presiones constantes de las alcaldías que han incrementado los impuestos municipales en los últimos años.& ;
«Las alcaldías cobran impuestos paralelos, hacen prácticas de chantaje, de extorsión, llegan fiscalizando y le dicen a los comerciantes tienes que pagar 200 dólares, pero dame 50 dólares y sigues operando. Hay un mercado negro paralelo que genera una corrupción en términos concretos, estimula la corrupción en los gobiernos locales y al final ese dinero no va para las arcas del municipio», puntualizó.