viernes, 22 noviembre 2024
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Elementos disparados por GNB, ocultan responsabilidades

Agatha Reyes | LA PRENSA.- Al menos 30 personas fueron heridas por metras durante el enfrentamiento entre manifes­tantes y Guardia Nacional en la urbanización sucre, la tarde del lunes.  Así lo dio a conocer Andrés Colmenares, miembro de Fun­paz, quien asegura que es una práctica que se ha utilizado desde el año 2014 por funcio­narios de seguridad de la GNB, violando los derechos huma­nos y atentando contra la vida de quienes salen a marchar.

Colmenares indica que el uso de metras y pedazos de cabilla es para que la herida no sea di­rectamente relacionada con funcionarios de seguridad.

“Cualquiera que llegue herido por estas municiones no tiene cómo probar que fue por un funcionario”.

Así mismo indica que el uso de estos objetos son penados por el artículo 119 de la Ley de Desarme que establece que quien realice modificaciones que alteren sustancialmente las características originales de una munición será penado con prisión de seis a ocho años, pe­na que puede ser aumentada si el delito es cometido por miembros de la FANB.

Asegura que la semana pasa­da llevaron hasta el Ministerio Público un cartucho de perdi­gón que en su interior tenía una metra, recabado en la ur­banización Bararida, para que se realicen las investigaciones pertinentes, asegura que la fis­cal general de la República, Luisa Ortega Díaz, está al tanto de la situación en el estado La­ra y esperan un pronto pro­nunciamiento.

De igual forma destaca que el actual fiscal superior de Lara William Guerrero ha estado demostrando intereses para combatir la impunidad ante estos hechos que ha catalogado como violatorios.

Manuel Virgüez, pertene­ciente a la ONG Movimiento Vinotinto, señala que quienes están llevando a cabo las prác­ticas de represión con objetos no aprobados para dispersar manifestaciones, están incu­rriendo en delitos que pueden ser penados por el Código Pro­cesal Penal con una condena de cinco a seis años de cárcel.

Sin embargo, menciona que es necesario revisar la ley y au­mentar la pena, ante las faltas graves que se están cometien­do en contra de quienes salen a ejercer el derecho a libre pro­testa.

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