Ágatha Reyes | LA PRENSA.- “Zozobra” y “suspicacia” son las dos palabras con que la dirigencia opositora describe el despliegue de la “Red de Articulación y Acción Sociopolítica” (RAAS) realizado este fin de semana por la gobernación del estado para verificar quienes gozan de los beneficios sociales emanados por el Gobierno Nacional.
Este censo “casa por casa” que fue encabezado en Lara por la gobernadora Carmen Meléndez, surge luego de que a través de redes sociales se denunciara la puesta en marcha de un supuesto plan que permitiría la “ubicación” de inmuebles avalado por consejos comunales, pero que el diputado al CLEL por el PSUV, David Fréitez desestimada por completo.
Sin embargo, Tito Díaz, secretario general de Primero Justicia, señala que la activación del RAAS sólo genera zozobra en una población que se mantiene alerta ante los conatos de ocupaciones de viviendas que se han generado en diversos sectores.
“Se sigue generando intriga e irrespetando la constitución porque el único autorizado para efectuar censos estadísticos es el Instituto Nacional de Estadística”, precisó.
Lo dicho por Díaz es compartido por Filiberto Peña, de Acción Democrática, quien precisa que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y a los servicios “los derechos están establecidos por mandato constitucional y deben ser cumplidos”.
Ambos dirigentes consideran que ahora el larense no tiene preocupación por la falta de comida sino por la posible ocupación “irregular de sus viviendas”.