Euseglimar González | LA PRENSA.- La desnutrición es lo que reina en los calabozos de los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los distintos cuerpos de seguridad de Lara. Hace alrededor de 15 días un detenido del Cicpc de San Juan murió de hambre. El joven no era de Lara y su familia pocas veces lo visitaba.
Detallan fuentes internas que el preso poco a poco agravaba su estado de salud hasta que, un día después de haber quedado en libertad, murió.
El joven era uno de los 101 recluidos en el Cicpc. Tenía alrededor de seis meses allí, pero a mediados de mayo un Tribunal le otorgó la libertad, supuestamente, porque estaba “casi muerto”. El hombre perdió 10 kilos en muy poco tiempo y se mantenía sólo con agua o de las sobras de comida que le daban sus compañeros de celda.
El exrecluso luego de haber cobrado su libertad, se fue a su casa junto a su familia, pero la gravedad que sufría fue mortal. Tras su fallecimiento, lo que se pudo conocer del caso es que los familiares no iban a visitarlo porque era de Caracas y son los parientes quienes se encargan de llevarle alimentación a los reos, no sólo de estos calabozos, sino de todos los CDP.
Presos que estén en comisarías se mueren del hambre porque en las policías no los alimentan. Aunque hay muchachos que comparten sus alimentos, no todos comen. En la calle hay hambre, qué quedará para ellos que están metidos ahí”, comentó la madre de uno de los detenidos de la Comandancia General de Polilara.
Comprar la comida, prepararla y trasladarla hasta los calabozos tiene su costo. Tras varias consultas que hizo el equipo periodístico de La Prensa, mantener a un detenido (surtiéndolo sólo de comida y artículos de higiene personal) puede costar Bs. 4 millones a la semana.
Esposas, hermanas y madres aseguran que “la papa” de los detenidos no es como ellas quisieran, pues solo le dan granos (arroz, frijoles o caraota), yuca o plátano. Muy pocas veces le pueden llevar carne, pollo o proteínas. Aunado a eso, tienen que luchar con los precios de los productos que aumenta casi que todos los días.
Ana Yépez, es de El Cují, al norte de Barquisimeto. Hace un año y 8 meses su hijo fue detenido por robo a transporte público y desde ese momento ella está pagando “condena”, pero en la calle, luchando para poder alimentarlo.
“Estoy presa, pero en la calle. Todos los familiares de reos estamos condenados y tenemos que vivir con eso. Me toca buscar el sustento para mí y mis dos hijos, uno que está preso”, comentó Yépez.
Ana sale de su casa a las 8:00 de la mañana hasta el Comando General de Polilara, en donde está su hijo recluido, es uno de los 251 que permanecen internados allí. La hora de entrega de alimentos es a partir de las 11:00 de la mañana. Esta vez a Ana sólo le alcanzó para llevarle a su hijo una taza de arroz con quinchonchos. Relata que cada día es un reto para ella conseguir alimentos.
Con pasos apresurados llega a la parte de atrás del comando, en donde hay un grupo de mujeres allí. Cargan con bolsas plásticas y con un marcador escriben los nombres de los detenidos para entregar la comida.