Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado desde 2002, los mecanismos jurídicos que ha creado el Estado para obstaculizar el trabajo de las ONG.
«Los ataques comenzaron hace 19 años con la Ley de Soberanía, luego crearon la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, posteriormente el Ejecutivo nacional decretó los estados de excepción que se ha prorrogado hasta la actualidad, y con la pandemia el estado de alarma. En octubre de 2020 sacaron una resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Relaciones Interiores sobre el registro de ONG no domiciliadas en el país que están realizando acciones humanitarias, también la circular desde el 20 de noviembre de 2020 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), para monitorear las cuentas de ONG y fundaciones, y las reiteradas amenazas de crear una Ley de Cooperación Internacional, que ya se discute en la ilegítima Asamblea Nacional, es un instrumento que regularía el funcionamiento y hasta cómo se financian las ONG en Venezuela», alertó Marianna Romero, directora de CDJ.
Según el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, (COFAVIC), ONG creada en 1989, el principal poder que ha estado emitiendo sentencias contra el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro ha sido el Tribunal Supremo de Justicia. En el 2000 emitieron tres sentencias de la Sala Constitucional.
El Proyecto de Ley de Cooperación Internacional ha sido una amenaza constante los años 2006, 2010 y 2015. También han limitado el trabajo de las ONG con la Ley de Seguridad de la Nación publicada en 2002 y la Ley de la Defensa de la Soberanía Política y Autonomía Nacional (2010). El poder Ejecutivo sacó en la Resolución del 27 de octubre del 2020 que regula a las ONG no domiciliadas en Venezuela, según Gaceta Nº 41994.
«El Gobierno está dirigiendo sus ataques contra las ONG con el fin de obstaculizar, generar mayor control social y criminalizar la cooperación internacional», indicó Romero. En COFAVIC señalan que todas estás sentencias han sido de carácter discriminatorio contra los defensores de DD.HH.
El Estado está violando la Constitución
El coordinador de la ONG Movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez, indicó que el gobierno viola la Constitución al pretender que revelen la lista de benefactores.
«La Constitución establece que cuando la cooperación internacional es estratégica, es permitida. A través de ese financiamiento las ONG pueden trabajar en defensa de los DD.HH y de ayuda humanitaria», indicó.
ONG con trabas administrativas
La abogada Martha Tineo, coordinadora de JEP, indicó que para que las ONG puedan inscribirse en la oficina de control tal como lo establece la Providencia N° 001-2021, exigen una serie de requisitos difíciles de cumplir.
«A las ONG se nos ha hecho imposible actualizar nuestras actas de Asamblea, registrar nuevas organizaciones. Porque cuando se va a una notaría y aparece en el objeto de constitución la palabra Derechos Humanos, inmediatamente te niegan el registro. Quieres actualizar un acta de asamblea y simplemente lo engavetan», comentó.
Víctimas y pobres los más afectados
La directora de la Fundación La Movida Positiva, Yennifer Peña, indicó que 700 ONG a nivel nacional se unieron para exigir la derogación de la Providencia N° 001-2021. Asegura que de lo contrario los más afectados serán las víctimas de violación de DD.HH y los niños y adultos que sufren de enfermedades crónicas o desnutrición.
«No están perjudicando al voluntariado de las ONG, están perjudicando es a las personas, porque son quienes reciben el aporte, los medicamentos o alimentos que el Estado está en la obligación de garantizar», exclamó.