Osman Rojas | LA PRENSA de Lara.- La crisis acaba con la vida de los pacientes renales. Aunque en teoría, el Estado venezolano garantiza la aplicación de tratamientos para estos enfermos la realidad es otra y es que la escasez de insumos y medicamentos y la ausencia de máquinas especializadas condena a los pacientes a morir antes de tiempo.
Daniel Colmenárez, presidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal en Lara, explica que en estos momentos un enfermo vive la mitad de lo que vivía hace diez años. «Lamentablemente, hemos visto cómo el tiempo de vida de las personas disminuye. Antes era habitual ver a un paciente renal aguantar 20 años en un aparato, pero ahora los enfermos duran ocho o diez años cuando mucho. Los enfermos renales en Lara parecen estar condenados a morir», dice con preocupación.
Para Colmenárez, las intermitencias en el tratamiento es el principal argumento a la hora de explicar el alza de la mortalidad en los pacientes renales. «La Organización Mundial para la Salud (OMS) establece que las personas que tenemos esta enfermedad debemos ser dializados al menos cuatro horas. Eso aquí no se cumple porque nuestros pacientes, cuando mucho, se conectan dos horas en una máquina», señala.
El incremento en los números rojos es tan evidente que, hasta el 10 junio de este año, en la entidad habían muerto unos 25 enfermos renales. 15 más de la cifra total de enfermos fallecidos durante el primer semestre del año 2017 y 19 muertes más que las contabilizadas en los primeros 6 meses del año 2016.
Lo curioso de estas muertes es que no todas las personas fallecidas eran pacientes de una unidad de diálisis, pues muchos mueren sin ni siquiera encontrar un cupo o sin tener la fístula (conexión entre órganos que hacen los médicos para aplicar tratamientos), pues en estos momentos no hay médicos en el sector público que haga este tipo de intervenciones.
«Hace un par de años el promedio de muertes en pacientes renales era de uno o dos enfermos por mes, pero ahora la realidad es muy distinta. Semanalmente mueren personas en las unidades y nadie hace nada para acabar con esta dinámica. Nuestros pacientes son un número más para las autoridades regionales«, dice el señor Andrés Mujica, defensor de los derechos humanos de los pacientes con enfermedades crónicas.
Lo que más preocupa a los enfermos es la postura silente de los representantes gubernamentales, pues más allá de una que otra promesa hecha por la Secretaría de Salud los enfermos han visto con tristeza cómo las autoridades los dejan solos en medio de la crisis.
«Se han reunido con nosotros y nos dicen que nos darán una respuesta, pero nada de eso sucede. Quizás las personas que están mandando no lo terminan de entender, pero nosotros no podemos seguir esperando porque un paciente que pase una semana sin dializarse se descompensa y puede morir en cualquier momento», señala Mujica.
Aunque en medio de la crisis todos los enfermos sufren por igual, los pacientes que son de municipios ajenos a Iribarren son los que más padecen, pues en más de una ocasión estos enfermos deben ceder sus turnos debido a la falta de efectivo o la ausencia de transporte público. «Es imposible no morirse así. La crisis condena a los renales a una muerte lenta y dolorosa», dicen los especialistas.