Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- El 13 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución N° 220425-023 en Gaceta Electoral N° 1012, ordenó levantar la suspensión de los procedimientos administrativos electorales de sindicatos y gremios que estaban en teoría suspendidos desde 2020 por la pandemia del COVID 19. Pero representantes sindicales del sector público se declaran en «quiebra» para costear los gastos que implican unas elecciones internas, situación que los mantiene de manos atadas para cumplir con el principio de alternancia democrática, comprometiendo su legitimidad.
Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), aseguró que el 98% de los sindicatos y colegios profesionales del país están en mora electoral. Sólo algunos pequeños sindicatos privados se mantienen con directivas renovadas y legalmente constituidas.
En el caso de los sindicatos públicos, la alternancia de sus autoridades las venían realizando cada tres años. Los últimos períodos directivos se vencieron en 2019 y no se pudo convocar a nuevas elecciones por la cuarentena radical y la paralización del proceso que impuso el Poder Electoral. Pero en el caso de las grandes federaciones y centrales sindicales de Venezuela, desde el año 2000; es decir, hace 22 años no se les permite elecciones internas.
Incluso, muchas centrales creadas en tiempos recientes ni siquiera han sido elegidas por votación de sus trabajadores, tal es el caso de la Central Socialista. Entre las más afectadas están la Federación Médica Venezolana y todos los colegios de médicos del país, las federaciones de trabajadores universitarios, los sindicatos de educadores, entre otros.
Según Suárez, esto se debe al control político que ejerce el Gobierno para debilitar la autonomía de los sindicatos y violar los derechos establecidos en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmados por la nación.
«Las federaciones y los gremios tienen características diferentes a los sindicatos. Por ejemplo, en el caso del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), las últimas elecciones las tuvo en 2012, aunque sus estatutos dicen que sus autoridades se deben nombrar cada dos años. Si esto se cumpliera y el CNP fuera una institución robusta, ¿a quién no le convendría?, evidentemente al Gobierno, porque siempre busca dividir o colocar trabas para hacer las cosas más difíciles. Es tan engorroso hacer un proceso electoral y lo más triste es que somos las únicas instituciones que el Estado no las financia, porque de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, las organizaciones sindicales tienen que pagar sus propias elecciones», explicó.
En cambio las elecciones a alcaldes, gobernadores, diputados y concejales sí las financia completamente el Estado. Quienes se postulan a esos cargos tan sólo deben costear los gastos de su campaña electoral. «Los sindicatos sólo reciben asesoría del CNE, pero cada uno tiene que financiar todo, pagar las actas, las copias, mandar valijas electorales al interior, instalar mesas, pagar al personal que va a estar en cada mesa y eso para los afiliados, con salarios tan bajos que rondan los 150 bolívares mensual ($31) en las nóminas públicas, es casi imposible de realizar este año», mencionó.
«Estamos en muy malas condiciones económicas para solicitar elecciones internas porque el Gobierno confiscó los ingresos de los sindicatos públicos descontados por la nómina del Estado, se los roban hablando vulgarmente. Entonces los sindicatos estamos desapareciendo, logró dividirnos y destruirnos. Incluso, ya los sindicatos públicos no pueden pagar ni el alquiler de sus oficinas», denunció Julio César Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel).
Problemas legales
Antonio Suárez informó que el Gobierno ha logrado el debilitamiento profundo de los sindicatos y los colegios profesionales, que son considerados instituciones intermedias de la nación. El primer problema que les acarrea mantenerse en mora electoral es que están impedidos de discutir mejoras salariales y convenciones colectivas. En segundo lugar, sus directivos son desconocidos por el patrono (el Estado), no les renuevan las licencias y pueden ser destituidos del sindicato hasta tanto no se legitimen. También se ven impedidos de convocar huelgas.
«Cuando el patrono está desconociendo los contratos colectivos se debe emitir un pliego conflictivo para llamar a la huelga que se presenta en las inspectorías del trabajo. Si es una autoridad que se le venció su período ese llamado a huelga es ilegal y puede ser víctima de la aplicación de la Ley Contra el Odio. Por eso es que ha habido tantos sindicalistas detenidos e injustamente encarcelados, por exigir sus derechos», comunicó.
Desde Fedeunep solicitarán a la OIT que los requisitos para que se realicen elecciones internas se flexibilicen. «La propuesta es aprovechar la intermediación de la OIT a través del foro del diálogo social a partir de julio, cuando van a volver al país a prestar toda la asesoría técnica y firmar acuerdos. Allí solicitaremos que se siente el Gobierno representado por el Registro de Organizaciones Sindicales que depende del Ministerio del Trabajo, que esté presente el CNE como poder autónomo, más las seis centrales sindicales del país, para llegar a un acuerdo y flexibilizar los requisitos, los costos y las normas», especificó Suárez.
CAEL con crisis institucional
Manuel Parra, ex vice presidente del Colegio de Abogados del estado Lara (CAEL), informó que desde 2019 la junta directiva era ilegítima porque se había vencido el período para ser renovadas. A raíz de la muerte del presidente electo en 2017, José Luis Machado Astudillo, se ha registrado una crisis institucional y se han creado dos directivas. Una presidida por Jacobo Mármol, quien en 2017 fue electo secretario, y una que se hace llamar junta directiva «interina», encabezada por Nancy Rodríguez.
El martes 17 de mayo, el presidente de la Comisión Electoral, Nelson Arrieta, anunció que las elecciones internas serían el 14 de agosto, pero Parra sostiene que en tan corto tiempo no se pueden realizar elecciones como lo establecen los estatutos internos y la ley.
«Si efectivamente el CNE ha autorizado elecciones deben hacerse con mucho rigor, porque de lo contrario se podría generar un conflicto aún mayor en la comunidad gremial de abogados», dijo.
Dispuestos a solicitar elecciones
«El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) tiene a nivel nacional una comisión electoral presidida por el ciudadano Gregorio Salazar, quien tiene tiempo solicitando al CNE las elecciones porque las últimas las tuvimos en el 2012, tenemos ocho años en mora. A raíz del anuncio del Poder Electoral se solicitó nuevamente la posibilidad de renovar las autoridades, pero de 26 seccionales en todo el país, sólo cinco tienen sus comisiones electorales constituidas», comunicó Aura Rosa Matheus, secretaria general del CNP en Lara.
Comentó que una de esas seccionales con comisión electoral vigente es Lara y la preside Luis Eduardo Pepper. «Esta comisión se juramentó en 2018, porque debía ser integrada por seis miembros, pero con los años tres de esos miembros se han ido del país», precisó. Están a la espera de la actuación del CNP nacional.
Creen que hay anemia política
Para José Gregorio Zaa, experto electoral, el Gobierno ha decidido permitir las elecciones de sindicatos y gremio porque piensa que hay una oposición débil, anémica, que ha perdido espacios por su falta de estrategia.& ;
«Ellos piensan que hay anemia en el sector opositor, que no hay liderazgos claros. La diáspora va a llegar a los siete millones de venezolanos y la población en Venezuela está desencantada. El Gobierno levanta ese control y tutela. Permiten las elecciones porque ellos piensan echarle mano a los colegios profesionales y así sucesivamente hará con los sindicatos», expresó.& ;
Sostiene que tanto en el sector público como privado, los sindicatos están casi desapareciendo. Se refirió al caso del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Iribarren, cuya presidenta fue jubilada, por ende no hay una representación sindical en esa institución que defienda los derechos laborales de sus trabajadores. «El alcalde Luis Jonás Reyes no tiene a nadie que le reclame», expresó.
4 años con elecciones vencidas
Julio Gutiérrez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros del estado Lara, comunicó que este gremio la última vez que realizó elecciones fue en 2016, correspondía la renovación de sus autoridades en 2019, pero por la medida del CNE de suspender estos procesos administrativos por la pandemia, no han podido cumplir con la alternancia democrática como lo establece el Código de Ética.
Este colegio tiene una misión en sus estatutos que es asesorar al Estado en la obras de construcción públicas, velar por los beneficios laborales y salariales de los ingenieros, urbanistas, arquitectos y afines, así como defender sus derechos profesionales establecidos en la ley.
Actualmente por el éxodo de agremiados, las instalaciones de estos colegios se sostienen, además de las cuotas que pagan los profesionales que quedan, del alquiler de sus instalaciones.
Gremio médico afectado
La doctora Deyanira Gentil, médico internista y directiva del Colegio de Médicos del estado Lara, informó que la Federación Médica de Venezuela apenas el CNE informó que gremios y sindicatos del país podían realizar elecciones, se movilizó a solicitar este acto administrativo en todo el país.
La última vez que el gremio médico tuvo elecciones internas fue en 1998, es decir ya cuentan con 23 años sin tener derecho al principio democrático de cambiar a sus autoridades.
«Hace cuatro años hubo una renovación de autoridades, donde fue escogido como presidente del Colegio de Médicos el doctor René Rivas, pero fue porque se apeló a los estatutos internos del colegio, que establecen que los últimos médicos que presentaron planchas electorales, para no dejar desasistido el colegio enviaron candidatos, y por eso se hizo la escogencia. Ahora debe ser la Federación Médica de Venezuela la que debe esperar la convocatoria y el cronograma que le dé el CNE», puntualizó la galena.
Chavismo ha perdido terreno
Para Horacio Zavala, politólogo, la razón por la que el gobierno venezolano había impedido a las grandes centrales y federaciones sindicales del país hacer elecciones internas, es porque ha perdido terreno electoral.
«El gobierno está tratando de ganar espacios, terreno que han perdido masivamente porque por ejemplo en las últimas elecciones estudiantiles de la UCV, no se presentó ninguna plancha de candidatos del gobierno, eso dice mucho del poco capital electoral que tienen y del rechazo», expresó.
En el caso de las grandes centrales, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue la última en tener elecciones legales en 2000, desde entonces sus autoridades no han sido cambiadas.
«De lograr hacer elecciones tienen inconveniente, el CNE no es confiable ni transparente», denunció