Ana Uscategui | LA PRENSA de Lara.-& ;Como «dádivas de miseria«, catalogaron los empleados de la administración pública de Lara, el último bono aprobado por el presidente Nicolás Maduro para complementar el pago de los aguinaldos, equivalente a medio petro (965.730 bolívares).
Sindicatos consideran que el Ejecutivo se ha pasado el año decretando medidas económicas «desordenadas», alejadas de solucionar la estabilidad salarial.
Desde enero a la fecha el gobierno ha entregado 20 bonos salariales a través del carnet de la patria, pero para el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación de Lara (Sepeel), Robert Sánchez todos han sido una «gran estafa».
«Con estos bonos el gobierno valida de manera solapada lo que debió ser el salario desde agosto de 2018, cuando decretó el anclaje del sueldo a medio petro, llevándonos a un despeñadero. El valor de este criptoactivo desde el año pasado se ha incrementado 5.000%, pasando de 3.600 bolívares a 1.931.460 aproximadamente. Mientras la mayoría de los trabajadores públicos han sido nivelados a devengar un sueldo mínimo integral de 300 mil bolívares», argumentó.
Lorenzo Monasterios, miembro del Frente Amplio, sostiene que Nicolás Maduro entrega bonos que engañan a la población. «Son argucias cambiarias para entretener, porque la realidad es que ese mes adicional de aguinaldo que entregará en diciembre no alcanza ni para comprar un galón de pintura. Un gobierno serio protege la producción y la moneda», expresó.
Los trabajadores universitarios también alzaron su voz en contra de la medida. Fátima Dos Santos, del sindicato administrativo de la Unexpo, indicó que mientras Maduro anuncia bonos complementarios de fin de año, dejó de cancelar completo los aguinaldos o vacaciones de este sector.
«Paralizamos las actividades por 48 horas en todas las universidades autónomas, porque sólo cancelaron el 25% del bono vacacional de fin de año. En años anteriores antes del 15 de noviembre teníamos el monto completo en nuestra cuenta bancaria», mencionó
Robert Sánchez, indicó que exigen además que el salario mínimo sea ajustado al equivalente de los aranceles para solicitar un pasaporte (5.890.270 bolívares). «Aumentan los trámites del Saime, mientras los trabajadores siguen empobrecidos», sentenció.