Ágatha Reyes | LA PRENSA.- Desde el año 2014 seis mandatarios regionales que adversan al Gobierno nacional son citados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con causas que van desde “omitir acciones tendentes a prevenir desórdenes públicos” hasta supuestas “faltas absolutas”.
Dichas medidas han sido consideradas por líderes opositores y politólogos como acciones emanadas por el Gobierno nacional, para eliminar liderazgos fuertes, que hacen frente a las imposiciones gubernamentales.
“El gobierno está empeñado en destruir la soberanía popular, destituyendo alcaldes”, la aseveración corresponde a Reinaldo Rivas, politólogo y miembro de Voluntad Popular, quien mantiene que hoy el gobierno está lanzando a la basura el ejercicio de elección, convirtiendo a los liderazgos opositores en perseguidos políticos.
Mantiene que apresar por 15 meses a varios alcaldes muestra un “atropello y persecución” sin objetividad e imparcialidad.
Algo que Lorenzo Monasterio, presidente de UNT, reitera al afirmar que el TSJ actúa como dirigencia del PSUV, “concretan directrices del PSUV en contra de los gobernantes”, añade que es un trabajo de persecución y no de administración de justicia.
Tito Díaz, miembro de Primero Justicia, dice que se trata de un temor por parte del gobierno, quienes, a su juicio, “no asumen que se quedaron sin pueblo”.
Tomas Castillo, miembro de Causa R Palavecino, recuerda el caso del alcalde Alfredo Ramos, quien considera fue sentenciado a 15 mese de prisión de forma injusta, también menciona al alcalde de Palavecino, José Barreras, quien debe presentarse hoy ante el TSJ. “Acompañamos a nuestros alcaldes”, dijo.