José Najul | LA PRENSA.- El trabajo para que la instituciones que se encargan de recibir las denuncias preserven los Derechos Humanos en Venezuela consiste en la presión colectiva.
Lo sentencia Marino Alvarado, miembro de la ONG Amnistía Internacional, quien fungió como ponente durante unas jornadas de formación realizadas por Funpaz para abogados y estudiantes de los últimos semestres de derecho.
Alvarado sostiene que, en una sociedad como la venezolana, en la que se han lanzado múltiples planes de seguridad que han estado condenados al fracaso, al igual que las gestiones que han realizado diversos ministros de Interior y Justicia, es la sociedad civil la que debe establecer mecanismo de presión para que funcionen las instituciones del Estado.
Entre ellas señala la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los tribunales que dependen del TSJ. Considera que temas como la improvisación de políticas públicas deben ser trabajados de manera sólida y consecuente por parte de las autoridades, y que también deben escuchar a especialistas y profesionales de diversas áreas para el desarrollo de planes futuros, si es que desean mejorar la seguridad en el país.
Formación
Ayer Funpaz realizó un encuentro en el Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL) con un total de 42 juristas y estudiantes de los últimos semestres de derecho, con el propósito de formarlos en el tratamiento de la defensa de los Derechos Humanos.
Andrés Colmenárez, vicepresidente de Funpaz, asegura que una de las principales tareas de los abogados defensores consiste en tratar a las personas como víctimas que necesitan una solución.