María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.- Llega el día de cobrar la quincena y no les aparece ni un bolívar. Esa es la historia de al menos el 30% de los trabajadores de la administración pública que denuncian suspensión de salarios de manera injustificada y sin ser notificados, por lo que los empleados lo califican como un «despido indirecto». Afirman que el patrono tomó la medida contra el trabajador que no acude a su puesto de trabajo desde que comenzó la pandemia.
El Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Lara (Seepel) registra que en Lara existen aproximadamente 15.000 trabajadores en la administración pública, incluyendo los sectores de salud, educación, seguridad y otras instituciones, de los cuales unos 4.500 presentan suspensión del sueldo. Afirman que se sienten desamparados por parte del patrono.
«Están violando el derecho de los trabajadores, se sienten desamparados, pero el patrono no entiende el por qué no asisten a sus puestos de trabajo» dijo Julio Marín, presidente de Seepel, asegurando que con lo que ganan no les da ni siquiera para pagar el pasaje y aun así les suspenden el salario en lugar de buscar una manera para que puedan vivir.
Desde Seepel aseguran que ese acto es ilegal, porque en primer lugar existe una inamovilidad laboral y ellos consideran que al suspender el salario a un trabajador se trata de un despido indirecto, además que el procedimiento que hacen no está entre las normas porque ni siquiera le envían una notificación bien sea por escrito o verbal, sino que los dejan desasistidos de un momento a otro.
En el caso de empresas que están a cargo del Gobierno nacional, como Corpoelec, en los últimos meses han suspendido el salario a 140 trabajadores, pero se profundizó en la última semana, cuando les fue eliminado el pago a 40 trabajadores y además los sacaron del sistema.
«Le impiden el ingreso a las instalaciones, entonces eso es prácticamente un despido porque no hay manera que puedan entrar y quedan anulados» dijo Alberto Perozo, secretario del sindicato de Corpoelec.
Otro caso se registra en Venezolana de Cementos en Lara, otra empresa manejada por el Gobierno nacional y en la cual a 55 trabajadores, incluyendo dirigentes sindicales los han despedido sin derecho a la defensa. «Y es una suspensión sin razones, solo porque se han atrevido a reclamar sus derechos» dijo Orlando Chirinos, presidente del Sindicato de Cemento del estado Lara.
Marín explicó que también existe discriminación, por ejemplo en el caso de los trabajadores que no pueden asistir por falta de efectivo o dinero para el pasaje de una vez les suspenden el sueldo porque supuestamente no están activos en sus puestos de trabajo «pero hay instituciones de la Gobernación que si tienen transporte y no se ven afectados por esa parte».
Denuncian
Los sindicalistas comentan que una vez que les suspenden el salario ellos denuncian ante Inspectoría del Trabajo, pero en ocasiones son reuniones y tienen que asistir muchas veces y no les dan respuesta a sus casos e incluso muchos de ellos han ido a protestar para que les solucionen.
Perozo dijo que incluso hay casos donde la Inspectoría del Trabajo da la orden de que sea restituido el salario y el patrono hace caso omiso.
En el caso del sector educación hay amedrentamiento y amenazas en que si no asisten a sus puestos de trabajo les abrirán expedientes administrativos y les suspenderán el salario.
Protestan por sus beneficios
En lo que va de año se han registrado aproximadamente 44 protestas por parte de trabajadores públicos en la exigencia de mejores condiciones salariales y beneficios.
De acuerdo a los datos que lleva registrado LA PRENSA, cuatro han sido por el sector de educación, siendo la última protesta hace una semana por parte de trabajadores administrativos de la UCLA, quienes denunciaban que les estaban suspendiendo el salario de manera injusta e inconsulta.
13 protestas se registraron por parte de trabajadores de diferentes empresas públicas, la última fue el día martes por empleados de Corpoelec, quienes denunciaron el atropello por parte de los gerentes y además la suspensión del salario de 40 trabajadores en apenas una semana.
En el caso del sector salud registraron 27 acciones de calle por salarios justos.