Agencias | LA PRENSA de Lara.- El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, aseguró el jueves que la pandemia causada por el nuevo coronavirus es «una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos«.
La autoridad de la ONU ha denunciado que existe una discriminación en la prestación de algunos servicios públicos para combatir el coronavirus. «Hemos visto que el virus no discrimina, pero sus impactos sí lo hacen«, explicó Guterres.
Además, la pandemia ha tenido «efectos desproporcionados en algunas comunidades» y señaló al «auge del discurso de odio, ataques a grupos vulnerables y el riesgo de agresivas respuestas de seguridad que socavan la respuesta sanitaria«.
Guterres advirtió que con un «creciente etno-nacionalismo, populismo, autoritarismo y una reacción contra los derechos humanos en algunos países, la crisis puede ofrecer un pretexto para adoptar medidas represivas con propósitos no relacionados con la pandemia«.
El secretario general hizo en febrero una llamada a la acción, pidiendo a gobiernos, empresas y ciudadanos que ayuden a renovar y reavivar los derechos humanos en todo el planeta. Entonces trazó un plan de siete puntos que incluía las preocupaciones sobre cambio climático, conflictos y represión.
«Como dije entonces, los derechos humanos no pueden ser algo secundario en momentos de crisis, y ahora afrontamos la mayor crisis internacional en generaciones», dijo.
El secretario general dijo que publicaría un reporte el jueves sobre cómo los derechos humanos deben guiar la respuesta al virus y la recuperación de la pandemia. Ni en sus declaraciones ni en el reporte se identificaba a ningún país o actor responsable de violaciones de los derechos humanos.
Los gobiernos, señaló, deben ser «transparentes, reactivos y responsables de sus actos». La libertad de prensa, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el «espacio civil» son esenciales, insistió.
El reporte indicó que los gobiernos también deben tomar medidas para mitigar los peores efectos del COVID-19 sobre los empleos, medios de vida, la vida familiar y el acceso a servicios básicos.
Cualquier medida de emergencia -incluso los estados de emergencia- debe ser «legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria, tener un objetivo y duración específicos y tomar la forma menos intrusiva posible para proteger la salud pública», añadió.
«Puede que los poderes de emergencia sean necesario, pero los amplios poderes ejecutivos, otorgados con rapidez con supervisión mínima, conllevan riesgos», advirtió el documento. «Las respuestas agresivas de seguridad socavan la respuesta sanitaria y pueden exacerbar amenazas previas a la paz y la seguridad o crear otras nuevas».
Con información de: AFP
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