Agencias | LA PRENSA de Lara.-& ; Un aumento inusitado de contagiados y fallecidos por el nuevo coronavirus tres días después de que se suspendiera la cuarentena, llevó a las autoridades bolivianas a advertir con regresar al aislamiento si persiste el desacato al distanciamiento social y el uso del barbijo en las calles.
El martes, el país registró 33 muertes, la mayor cifra diaria de fallecidos por la pandemia. Desde el 1 de junio la cuarentena ha sido levantada en gran parte del país, excepto en Santa Cruz y Beni, que concentran el 80% de los 11.638 casos positivos y 400 fallecidos.
«Estamos ante el riesgo de que los contagios se descontrolen, pero era necesario reabrir las actividades comerciales y laborales para evitar un mayor deterioro económico. Pero si la situación se complica tendremos que volver a la cuarentena», declaró el alcalde La Paz, Luis Revilla.
Según la ministra de Salud, Eidy Roca, para fines de julio se espera el pico de contagios con unos 100.000 estimados. «Si la gente es irresponsable, no sólo vamos a tener que pensar en hospitales, sino también cementerios», dijo el exdirector de Salud de La Paz, René Sahonero.
Después de 71 días de cuarentena la gente ha empezado a aglomerarse en los mercados y paradas del transporte público sin respetar la distancia social. Muchos llevan barbijo pero otros tantos incumplen la medida pese a la aplicación de multas. Los primeros días marcaron un récord de circulación de vehículos, dijo un jefe policial.
La pandemia también ha vuelto a activar la confrontación política con presiones al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez para que convoque a elecciones presidenciales, que finalmente fueron fijadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 6 de septiembre cuando la curva de contagios aún será alta, según prevén las autoridades sanitarias.
Además, el Gobierno interino de Bolivia ofreció este jueves garantías al trabajo de la prensa, tras recibir críticas en el país y de entes internacionales de defensa de la libertad de información por su reacción a una denuncia periodística sobre un caso de supuesta corrupción que las autoridades nacionales niegan.
El ministro interino de Defensa, Fernando López, se refirió al asunto en una rueda de prensa en La Paz para responder a denuncias del canal privado Gigavisión sobre una supuesta compra irregular de material antidisturbios para la Policía y las Fuerzas Armadas a través de una empresa intermediaria en Estados Unidos.
Con información de: AFP / EFE
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