Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- «El Estado ha dejado de alimentar a la población que tiene bajo su tutela», así lo dijo Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, en un foro convocado por el Observatorio Social Humanitario, en el que se habló sobre la inseguridad alimentaria y desnutrición que hay en el país.
González, durante su intervención, la cual estuvo enfocada en las políticas públicas que afectaron el derecho a la alimentación de los venezolanos, aseguró que una de las poblaciones que también se han visto afectadas son las personas que se encuentran bajo la tutela del Estado, como los geriátricos, hospitales y la población penitenciaria, donde la alimentación ha caído en manos de los familiares, quienes no cuentan con los recursos para la compra de los rubros.
«Cuando suspendieron las visitas por el covid-19, se presentó una grave crisis en la población penitenciaria porque ellos recibían alimentos y agua potable por medio de sus familiares y las ONG que atiende esta población ha ido documentando cómo la situación en las cárceles ha empeorado», expresó.
Por su parte, Maritza Landaeta de la fundación Bengoa, indicó que es imperativo atender en cada comunidad el problema de la desnutrición, debido a que hay unos sectores que son más vulnerables que otros.
«La desnutrición aguda en Venezuela tiene una variabilidad muy grande, puede ser que consigas una comunidad con 3%, pero otra con 12 o 14%», dijo asegurando que según economistas, sólo un 10% puede comprar los alimentos de la canasta alimentaria.
