Abrogar significa dejar sin efecto un acto y en el caso de la doctrina, jurisprudencia y disposiciones constitucionales sobre el derecho de la ciudadanía a la participación en el control de la gestión pública, tiene referencia al desarrollo de los principios sobre los derechos políticos y el referendo popular establecidos a partir del artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo que en el dispositivo 74 se señala lo siguiente: «Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente las leyes cuya abrogación fuere solicitada por un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros«, lo cual se aplica igualmente a los Decretos Leyes dictados por el Presidente o Presidenta de la Republica.
Estas disposiciones son aplicables al pretendido proyecto del régimen de convertir inconstitucionalmente el estado venezolano en una dictadura comunista a partir de la puesta en vigencia de leyes revestidas de un carácter comunal pero que en definitiva calcan las estructuras de países en los cuales ya han impuesto este fracasado modelo y en el caso concreto de Cuba por donde pasó e hizo sus aprendizajes de agente al servicio de la revolución cubana Nicolás Maduro.
La gran diferencia estriba en que la Constitución Cubana establece con claridad el modelo comunista para el ejercicio del poder y desarrolla toda una estructura a partir de los Consejos populares, mientras que en Venezuela la carta magna aprobada en 1.999 define a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y Justicia, cuyo gobierno será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, lo cual contradice totalmente estas leyes denominadas del poder popular en forma rimbombante.
Al ser contradictorio este proyecto de ley del poder popular en Venezuela, tal como lo define el régimen, con la Constitución vigente y la reforma constitucional que perdió Hugo Chávez en el año 2.007, es obvio que de aprobarse estos instrumentos la población tendrá una prueba de fuego para impulsar un Referendo Abrogatorio para impedir la entrada en vigencia de un modelo que definitivamente conspira contra la libertad y democracia en el país.
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