- El abogado José Cheo Urbina expone que la narrativa de eficiencia proyectada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contrasta drásticamente con las denuncias de ONG y ciudadanos sobre el terreno tras el doble sismo.
- Los reportes independientes advierten sobre un colapso logístico, fallas estructurales previas y un número de víctimas que superaría ampliamente la cifra oficial.
El doble terremoto que sacudió la semana pasada a Venezuela ha puesto en evidencia una notable distancia entre la narrativa oficial proyectada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la comunidad internacional, y las denuncias de ciudadanos y organizaciones independientes, de acuerdo con la información y el análisis suministrado por el abogado José Cheo Urbina.
Frente a la prensa extranjera, Urbina señala que la vocería gubernamental se ha enfocado en transmitir una imagen de control total y eficiencia institucional. La mandataria ha subrayado que los protocolos de emergencia, el sistema de defensa pública y el despliegue de Protección Civil se activaron desde las primeras horas de la tragedia. Para reafirmar esta postura, Rodríguez declaró de forma categórica: «Que alguien diga que se le negó acceso, ayuda, que alguien diga ‘no hay’; no, eso no existe».
En este mismo contexto, el abogado explica que la funcionaria ha rechazado fuertemente las críticas que acusan al Estado de inacción o de restringir el paso de insumos básicos, calificando públicamente de «miserables» y «desalmados» a quienes difunden dichos señalamientos. Asimismo, Urbina hace notar que durante las ruedas de prensa se ha observado un discurso apelativo a las emociones, en el que Rodríguez alude a un «dolor profundo» por las víctimas.
Decadas de desinversión
A pesar del parte oficial de las autoridades que asegura la continuidad de los servicios públicos, José Cheo Urbina destaca que diversos análisis y fuentes locales demuestran que el discurso gubernamental difiere diametralmente de la realidad operativa del país. Los datos manejados por el jurista indican que la catástrofe impactó a una nación con décadas de desinversión, donde el sistema de salud y las redes de telecomunicaciones operan en condiciones de extrema precariedad, suponiendo un obstáculo insalvable para muchas labores de rescate y recuperación.
Por su parte, la información recopilada por el abogado refleja que expertos en gestión de desastres y organizaciones no gubernamentales (ONG) han manifestado su profunda preocupación ante la ausencia de un centro de comando unificado que integre a la sociedad civil. Urbina hace eco de las advertencias de estas agrupaciones sobre cómo el control militarizado de la zona y la centralización en la distribución de insumos han provocado graves embudos logísticos en áreas severamente afectadas, destacando el caso del estado La Guaira.
Urbina asegura que el número de víctimas es mayor
El balance de víctimas mortales representa otro punto de discrepancia clave en el reporte de Urbina. Mientras que los datos oficiales presentados ante la comunidad internacional sitúan la cifra de fallecidos en poco más de 2.600 personas, el abogado resalta que agencias adscritas a las Naciones Unidas y proyecciones de distintas corporaciones internacionales estiman que el número es significativamente mayor, basándose en el colapso total de múltiples edificaciones tanto en Caracas como en las regiones costeras.
En contraste con las afirmaciones del Ejecutivo sobre la inexistencia del desamparo, Urbina denuncia que los testimonios visuales y reportes directos de las zonas afectadas muestran a damnificados durmiendo a la intemperie sobre sábanas, sin acceso a carpas ni agua potable. Ante la falta de presencia de los cuerpos estatales y de los denominados «cuadrantes de paz», el jurista indica que las comunidades han tenido que organizar sus propios esquemas de supervivencia y asistencia.
Como conclusión, el abogado José Cheo Urbina sostiene que el manejo de esta emergencia se ha convertido en una prueba crucial para la administración de Delcy Rodríguez. Las exigencias logísticas impuestas por la magnitud del sismo han dificultado los intentos de proyectar internacionalmente la imagen de un Estado protector y solvente, sacando a la luz vulnerabilidades estructurales que, según subraya, ya precedían a este desastre natural.