Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Al menos cinco planes para contrarrestar el desangramiento del país por el mercado negro del combustible han sido anunciados desde el Ejecutivo nacional a lo largo de 13 años. Expertos recomiendan una política permanente, sin salidas temporales que olvidan el seguimiento de ubicar a todos los culpables cuando se conoce la responsabilidad del resguardo de organismos de seguridad y hasta cierta pertinencia de grupos colectivos, afectos al gobierno. Recalcan que la corrupción en la administración pública, ante las deficiencias en producción y la diferencia abismal de esos precios estipulados entre la gasolina dolarizada y subsidiada, disparan ese detonante de la mafia de hidrocarburos que tiñe las estaciones de servicios.
El llamado fue contundente este martes de enero y entre detenciones. Tarek Wiliam Saab, fiscal general de la República, dispuso la línea 0800-FISCA-00 para denunciar irregularidades y Lara figuró entre los estados más afectados de las 205 denuncias en 48 horas por cobro indebido. El resto de las regiones fueron Caracas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, La Guaira, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Pdvsa también actuó directamente durante la noche de ese día, al intervenir la estación Blandín de Chacao, Distrito Capital, por el cobro irregular y negarse a aceptar la cancelación con bolívares.
Medida de un plan «antimafias» que también se sintió en Lara a principio de semana con el anuncio del gobernador, Adolfo Pereira, con las fiscalizaciones en estaciones de servicio y con 14 detenciones en 7 días. Figuró un sujeto que se hacía pasar por funcionario de seguridad para surtir vehículos, 2 isleros por cobrar comisiones y 8 hombres con 1.200 litros de gasolina que sustraían del tubo matriz de la refinería. También se conocen las quejas de los usuarios por la aplicación de la táctica de «40×10». Se trata del cobro de $10 por permitir el acceso directo a estaciones subsidiadas y equipar el tanque de 40 litros de gasolina.
En la línea de tiempo, la retrospectiva reposa en esos anuncios públicos que se conocieron desde 2008 con la intención de reorganizar el mercado de Pdvsa y que cubrió empresas de servicios conexos, sin olvidar la Empresa Nacional del Transporte. La organización Transparencia Venezuela no tardó en reflejar las consecuencias de un manejo irregular que impactó hasta en la disponibilidad de estaciones de servicio, considerando que se contaban con 1.865 en 2008 y para 2020 quedaban 1.568.
En mayo de 2013 se enfatizaba el Plan de Automatización de Combustible, cuando el vicepresidente, Jorge Arreaza, reiteraba las acciones para blindar la frontera por Colombia con la implementación de códigos de barra a los vehículos en Zulia, Táchira y Apure, con la intención de evitar el exceso. Para 2018, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), prometía dar un golpe al contrabando de combustible y para septiembre de ese mismo año, insistían en el sistema electrónico para «cortar manos a las mafias» y manteniendo el subsidio en ese arranque por 315 estaciones de 85 municipios fronterizos.
Despiertan
En esta oportunidad, el plan vuelve a sentirse con fuerza con la insistencia del Ejecutivo nacional, mandatarios regionales, MP desde las 24 fiscalías superiores y la actuación de Pdvsa. De allí, que el llamado de los especialistas empieza por la permanencia de este tipo de políticas al pedir escudriñar en la ubicación de todos los responsables de una larga cadena a «beneficio» u omisión de los responsables del resguardo directo.
Una realidad confirmada a final de 2020, con un balance ofrecido por el máximo titular del MP acerca de la detención de 100 personas por el delito de contrabando de combustible y correspondían 39 funcionarios de seguridad, en su mayoría pertenecientes a la GNB. Mientras este 20 de enero, el fiscal general confirmó la aprehensión de 6 personas, incluyendo a 2 conductores de Pdvsa por intentar desviar 137 mil litros de gasolina entre Apure y Táchira, equivalente a una pérdida para la nación de $80 mil.
«Este problema de la comercialización de gasolina escapa al análisis de los especialistas en hidrocarburos, por estar enraizado en la administración pública con la corrupción», lamenta Rafael Quiroz, economista petrolero acerca de los diversos hechos que merodean este tipo de «negocios». «El Gobierno no le ha prestado absoluto interés al tema. Ojalá esa intención del presidente Maduro sea realidad con la rigurosidad del MP para terminar con este mercado interno«, sostiene ante esas medidas que terminan siendo temporales.
Su inquietud empieza porque se debería seguir a fondo para limpiar todas esas secuelas de trabas en la distribución y del aprovechamiento a nivel general, con la deuda de los responsables en la autoría intelectual sin sanciones y los procedimientos sólo puedan limitarse a los involucrados de manera material.
Ese filtro desde la falta de producción es otra constante para este mercado negro, cuando Quiroz señala que se tienen inventarios por auxilio de Irán y las refinerías sin capacidad.
Operativos deben dar con los cabecillas responsables
Para David Morán, ingeniero experto petrolero, este problema de producción quedó reflejado ante la OPEP al revelar que el promedio en producción en diciembre fue de 681 mil barriles, que sería alrededor de menos del 30% de la meta que tenía establecido el Ejecutivo nacional para final de 2021.
Explica que «impera el monopolio de la oferta con ese diferencial abismal de precios y que en bolívares queda por debajo del costo de reposición». Advierte que todo producto con un precio por debajo de su costo, crea un mercado negro. «No hay otra manera y pueden poner a algunos militares que se corrompieron», lamenta en alusión a los procedimientos policiales.
También recuerda la necesidad del flujo de caja para que el Estado invierta en mantenimiento y tener la inyección de capital a yacimientos o refinerías. Además de poder contar con personal capacitado, frente a una fuga de profesionales por falta de incentivos, ni siquiera con garantía de implementos de seguridad.
«Desde el año 2020 se inició la pandemia y se agudizó la escasez de combustible, siendo proporcional a más corruptela», denuncia Nelson Fréitez, desde el Consejo Ciudadano por Combustible, al señalar la participación de algunos funcionarios de seguridad y miembros de ciertos colectivos. Rechazos que son permanentes desde redes sociales que empezaban por el cobro por cupos y demás irregularidades.
Un reclamo extendido entre los que han sufrido esperando y sin seguridad en colas kilométricas que pueden significar varios días y a riesgo de no tener garantía de poder surtir el carro.
Acaban con banda en Lara
Un total de ocho ciudadanos fueron capturados en flagrancia tras llevar a cabo la extracción ilegal de combustible del poliducto, ubicado en la Estación de Válvula P23, situada en los límites entre el municipio Palavecino y el municipio Peña, del estado Yaracuy, el cual llega hasta la Planta de Distribución de Maporal en el municipio Simón Planas.
La banda capturada en el sector Los Tubos, ubicado en los límites entre el municipio Palavecino y el municipio Peña, del estado Yaracuy, operaba en el lugar desde hace menos de dos semanas y en horario nocturno; La PNB realizó el procedimiento, donde se logró la captura de ocho personas y la incautación de dos vehículos, dos motos, dos teléfonos y 1.200 litros de gasolina que habían sido sustraídos, informó el G/D Rafael David Prieto Martínez, comandante de la ZODI Lara.
Desde el sitio, el G/D Prieto Martínez explicó que la banda fabricó una válvula casera de bombona de 43 kg para luego realizar la adaptación al poliducto, asegurando que lo hacen sin importarles arriesgar su vida y la de la población en general.
Seguimiento y foráneos en jaque
El caos desde los municipios foráneos es denunciado con excesos que terminan en la extorsión, mientras los usuarios exigen que las denuncias sean procesadas en un sistema de justicia sin impunidad. Una situación que termina siendo más extrema en esas localidades, donde la distribución es más lenta y ni siquiera para la capacidad de abastecer a ese parque automotor local.
«La extorsión es mayor y se han tenido más denuncias de Morán y Andrés Eloy Blanco», refiere Nelson Sánchez, del Consejo de Ciudadanos por Combustible, que señalan la corrupción desde determinados organismos de seguridad. Considera que se trata de una consecuencia directa por la escasez, con más ventaja para quienes tienen acceso al combustible y terminan aprovechándose de la necesidad de productores agrícolas, angustiados por la amenaza de pérdida de sus cosechas. De hecho, se conocen de los abusos de algunos funcionarios que pretenden cobrar, por cada pipa de gasoil que —con tanto sacrificio— han conseguido para la operatividad de su maquinaria o distribución de la cosecha.
Cuando el sociólogo, Carlos Meléndez, analiza esta problemática resalta el contexto de la actuación del Estado sin ganarse la confianza en las denuncias. Se refiere a los niveles de impunidad que pueden llevar a los afectados a arrepentirse de colocar estos cargos, por tratarse de funcionarios activos y que no termine de concretarse el procedimiento. También cita el riesgo de fiscalías, sin dar el debido curso a las denuncias por la falta de suficientes mecanismos para la justicia.
Se lamenta que en la mayoría de los casos se puede tener el problema de fondo como un sistema sin garantía al debido proceso y se atenta contra la efectiva operatividad, cuando en la identificación de los responsables sólo se llega al último en la cadena y el Estado no penaliza a los cabecillas que permiten este tipo de mafias, a sabiendas de que los propios organismos de seguridad están al resguardo y deberían velar por el orden en el suministro de combustible.
Valoran la intención del Gobierno y sólo esperan el debido seguimiento.