Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Lara fue sacudida en 2017 por las protestas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Durante ese año murieron 20 personas en el contexto de las manifestaciones, y cuatro años después los familiares de las víctimas aún esperan que la justicia toque a sus puertas. El 91% de los casos están impunes.
Entre abril y agosto de 2017 los crepúsculos larenses se tornaron grises, las calles se calentaron, cauchos quemándose adornaban toda la ciudad, grupos de jóvenes de diferentes municipios salieron a protestar porque querían un mejor futuro para ellos y sus hijos, pero las balas truncaron sus sueños.
Las manifestaciones se tornaron violentas, hubo represión, detenciones, sangre y muerte. 12 personas que perdieron la vida en el contexto de las manifestaciones, es decir más del 80%, eran jóvenes.
19 de las víctimas mortales recibieron impactos de balas, presuntamente, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y grupos armados, señalados como «colectivos«. Sólo uno murió producto de una golpiza.
Esas manifestaciones violentas que se registraron de forma paralela en todo el país acumularon más de 150 víctimas mortales a nivel nacional, y en el 91% de los casos hay impunidad. Abogados y familiares detallaron que sus casos aún se encuentran en etapa de investigación.
«Ya han cambiado cuatro veces al Fiscal Sexto y aún no hay celeridad en los casos de nuestros muchachos», contó Yaneth Hernández, madre de Yoiner Peña (28), conocido como «Juju» quien resultó herido de bala el 10 de abril y 54 días después falleció.
A Yaneth se le corta la voz cuando habla de Yoiner, suspira para evitar no llorar, sin embargo a través de la llamada se le escucha su llanto. «He tenido episodios de pánico, esto es muy fuerte», señala.
Yoiner recibió un disparo en el intercostal derecho y perforó el colon, el hecho ocurrió cerca del centro comercial, ubicado en la avenida Florencio Jiménez, contó su madre. Aunque fue auxiliado y llevado al Seguro Pastor Oropeza, no fue atendido por resultar herido en manifestaciones, por lo que fue llevado al Hospital Central Antonio María Pineda.
«Le tuvieron que hacer una colostomía y quedó inválido producto del disparo que recibió. Cuatro tipos de bacterias atacaron su cuerpo y se me fue descompensando hasta que murió», recuerda la madre de Yoiner.
Yaneth es una de las madres que no ha desmayado y año tras año sigue pidiendo justicia no solo por su hijo sino por todos los que murieron en las protestas de 2017, cuando buscaban un bienestar y mejor futuro.
«Espero que tarde o temprano se haga justicia, así yo no esté viva, mis hijos verán la justicia. De la justicia Divina nadie se va a escapar», comentó Yaneth.
¿Fue en vano?
Para algunos familiares la muerte de los más de 150 personas en el país no fue en vano. Destacaron que en cada caso se evidenció la violación a los Derechos Humanos y que son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben con el tiempo.
«La muerte de ellos no fue en vano. Ellos eran unos héroes, querían un mejor futuro porque no se querían ir de Venezuela. Aún recuerdo las palabras de una jovencita que me dijo que ellos querían conocer otro gobierno que no fuese este, pero eso les costó la vida a muchos. Esto nos hizo abrir los ojos y que el mundo supiera lo que ocurre en Venezuela», detalló Yaneth durante una entrevista vía telefónica.
Los familiares lamentan que los políticos para ese año, después de tanta sangre derramada se hayan sentado a dialogar con el Gobierno nacional.
Cruce mortal
El 1 de junio, una bala destruyó a esa mujer valiente, sostén del hogar y madre de tres hijos. María Estefanía Rodríguez (46), fue herida cuando atravesaba una tranca en El Cují, cerca de la Escuela de Policías.
A María Estefanía la asesinaron pasadas las 5:00 de la tarde cuando regresaba de su trabajo. Ese día ella junto a un grupo de personas decidieron atravesar la protesta, testigos contaron que ese día, desde una patrulla comenzaron a disparar contra los manifestantes y una bala impactó a María Estefanía.
Con una metra
A Roberto Durán, uno de los 20 jóvenes que murieron en Lara, le dispararon con un cartucho «envenenado». Ese año la autopsia fue reveladora, funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc y de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público entraron a la autopsia del joven y tras el examen forense, extrajeron una metra de la herida que presentó en el pecho, según contó una fuente policial ese día.
Resuelto en horas
Danny José Subero (34), exteniente retirado de la GNB, que fue linchado por una turba de personas y señalado como un «infiltrado» en Valle Hondo durante el homenaje de Manuel Sosa (asesinado, presuntamente, por un GNB durante las protestas de 2017), murió el 27 de mayo de 2017.
Ese día, el exmilitar llegó al homenaje a bordo de su Yamaha blanca, fucsia y azul y, supuestamente, el hombre sacó su celular y se hizo un selfie sonriendo. Justo en ese momento alguien lo vio y comenzó a perseguirlo pidiéndole identificación y como Subero se negó, quien lo interrogaba comenzó a gritar que se trataba de un infiltrado. A los segundos, alrededor de Subero había una turba de personas que se abalanzaron hacia él.
A Danny lo golpearon y le dispararon. Un día después de la muerte de Subero, el director del Cicpc a nivel nacional, Douglas Rico se trasladó hasta Lara para meter lupa al caso y al parecer, estuvo al mando de varios allanamientos que se realizaron en Palavecino.
Para ese momento el primer reto para los funcionarios del Eje de Homicidios era ubicar a las personas que aparecían en algunas imágenes que circulaban por las redes sociales. Situación que fue criticada por habitantes del municipio, pues aseguraron que como era uno de «los suyos» buscaron «inocentes» y los implicaron en la muerte.
«El caso se resolvió en cuestiones de horas porque él (Danny) era uno de ellos», sostuvo un familiar de una de las víctimas.
Transcurrieron 5 días y el crimen «ya estaba resuelto». Según Néstor Reverol, quien para ese entonces era ministro de Interior y Justicia, en primera instancia los implicados por el linchamiento habían sido apresados.
Seis personas detuvieron, entre esos un menor de 17 años. Días después detuvieron a tres más. Según las investigaciones del Cicpc, ellos serían los responsables de disparar a Subero. En febrero de 2018 salieron en libertad 8 de los detenidos, pero en 2019 el menor que fue detenido aún seguía tras las rejas y para ese año sus abogados y familiares pedían su libertad.
Reina la impunidad
Para los familiares de las víctimas de las manifestaciones del año 2017 la impunidad sigue reinando, han pasado cuatro años, en donde han estado presente en cada ente para exigir respuestas ante los casos.
«El 91 por ciento de los casos de muertes del período 2013 – 2019, en el contexto de manifestaciones, en el país no han tenido respuestas y todo quedó en fase de investigaciones», la aseveración corresponde al abogado y defensor de los Derechos Humanos en Venezuela, Manuel Virgüez.
Virgüez, quien también es presidente de la ONG Movimiento Vinotinto, indicó que tantos las organizaciones que hacen vida en Lara y a nivel nacional, más los familiares de las víctimas, exigen al fiscal general Tarek William Saab se realice una investigación exhaustiva de los casos.
De los 20 casos que ocurrieron en Lara, solo en dos hay personas detenidas, uno es el caso del exmilitar Danny Subero y el otro es el de la profesora jubilada Yaneth Ángulo, de 56 años, asesinada en El Tocuyo, municipio Morán.
Por el caso de la docente se encuentra un Polilara imputado, presuntamente, fue quien disparó en la urbanización donde residía Yaneth.
El proceso ha sido lento, tras cuatro años el caso está en fase de juicio, según explicó una de las hermanas de Yaneth.
«La defensa pidió que se acusara también a quienes acompañaban al funcionario. Hay un proceso, los detectives de balística hicieron su trabajo y ahora nos falta esperar por el juicio», sostuvo Yudith Angulo, hermana.
Los familiares no descansarán hasta que en Venezuela se haga justicia.
Con las órdenes de aprehensión
En el estado Lara, alrededor de 19 funcionarios militares fueron señalados como presuntos responsables en las muertes de tres jóvenes.
Aunque hay una orden de captura a nivel nacional contra 14 funcionarios de la GNB, presuntamente por estar involucrados en la muerte de Grusenny «Tony» Canelón (31), no hay ninguno tras las rejas.
En el expediente de Grusenny, conocido como «Tony» se registró todo lo que sufrió. Aparentemente, los militares le dispararon a quemarropa el 11 de abril. El joven permaneció intubado 33 horas y murió el 13 de abril de 2017.
En el caso de Eyker Rojas el Ministerio Público ordenó la aprehensión de cuatro GNB quienes, supuestamente, fueron los que le dispararon.
Mientras que en el caso de Manuel Sosa, presuntamente, hay un militar implicado.
Preso político muere en Uribana
Virgilio Giménez (20) fue uno de los cientos de jóvenes que resultaron detenidos tras las manifestaciones, pero murió luego de un año y cinco meses de estar recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como «Uribana«.
Virgilio murió en febrero de 2019. Allegados al joven señalaron que falleció siendo un preso político. Aunque lo sacaron al Hospital Central Antonio María Pineda, por presentar evacuaciones con sangre y fiebre, el joven no aguantó.
El caso de Virgilio causó conmoción en el estado Lara, pues el joven era parte de la «Resistencia«. El día de su velorio sobre el ataúd tenía una bandera de Venezuela, en honor a todos los caídos durante las protestas.
En Venezuela desde el año 2014 se han registrado 15 mil 710 detenciones políticas, según el Foro Penal. «Más de 9 mil personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad», informaron.
Actualmente en el país hay 301 personas detenidas, de las cuales 280 son hombres, 21 mujeres y un adolescente. Entre la lista se encuentran 127 militares.