González / Jordán | LA PRENSA DE LARA.- Las más de 300 víctimas lamentables por las protestas en contra del Gobierno nacional no han tenido respuestas. El 91 por ciento de los casos de muertes del período 2013 – 2019, en el contexto de manifestaciones, en el país no han tenido respuestas y todo quedó en fase de investigaciones, la aseveración corresponde al abogado y defensor de los Derechos Humanos en Venezuela, Manuel Virgüez.
Virgüez, quien también es presidente de la ONG Movimiento Vinotinto indicó que tantos las organizaciones que hacen vida en Lara y a nivel nacional, más los familiares de las víctimas exigen al fiscal general Tarek William Saab se realice una investigación exhaustiva de los casos «lo emplazamos para que determine junto a familiares de las víctimas y reconozca los casos», dijo durante una rueda de prensa.
Aseguró que son casi 300 venezolanos que fallecieron presuntamente en manos de funcionarios del orden público, y a pesar de las pruebas recolectadas estos aún no han sido procesados.
«Exigimos que establezca un horario para atender a los familiares de las víctimas. Además pedimos que se instale una comisión de la Corte Penal en el país, tomando en cuenta que otras organizaciones lo han hecho antes», precisó.
Para los familiares de las víctimas de las manifestaciones del año 2017 la impunidad sigue reinando, han pasado cuatro años, en donde han estado presente en cada ente para exigir respuestas antes los casos. De las 20 muertes por manifestaciones contra Nicolás Maduro en 2017, en Lara existe un 91% de impunidad.
Grusenny Canelón, conocido como «Tony», Manuel Sosa, Eyker Rojas, María Estefanía Rodríguez, Roberto Durán, Yaneth Angulo, José Miguel Pestano, Luis Zambrano Lucena, Rubén Morillo y Yoinier Javier Peña Hernández son algunas de las víctimas de 2017, en el que militares y policiales de diferentes cuerpos han sido señalados como los presuntos responsables de estas muertes, pero a pesar de que hay orden de captura no están en la cárcel.
Luis Sosa, sigue pidiendo justicia por muerte de su hijo Manuel Sosa, quien murió el 25 de mayo de 2017 en Valle Hondo. «La familia de todos los fallecidos quedó mal y destrozada, nos afecta y no hay respuestas de los casos», dijo.
Sosa sostuvo que no hay interés por parte de las autoridades para que aceleren las investigaciones. Además recordó que en algunos casos de Lara han tenido pruebas y testigos de los hechos ocurridos.
En el estado Lara, alrededor de 21 funcionarios militares fueron señalados como presuntos responsables en las muertes de tres jóvenes. Solo en el caso de «Tony» Canelón hay catorce militares con orden de captura.