Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Desde el pasado 9 de marzo, y hasta el 5 de septiembre de 2021, los venezolanos indocumentados en Estados Unidos tendrán 180 días para aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria del gobierno del presidente de EE. UU., el demócrata Joe Biden que, según Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en ese país, favorecería a unos 320.000 de sus conciudadanos.
La medida migratoria tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse. De ella podrán beneficiarse los venezolanos que ya hayan estado en EE. UU. hasta el 8 de marzo de 2021. El TPS es un programa migratorio creado en 1990 a través del cual EE. UU. concede permisos excepcionales a inmigrantes de países afectados por guerras, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que impidan el retorno seguro a sus países de origen.
«Aunque el TPS para los venezolanos sea una medida temporal, en el fondo, la administración de Biden está reconociendo que el regreso a la democracia tomará más tiempo en Venezuela, por lo que prioriza ahora las crisis humanitaria y migratoria provocadas por ese régimen», dice a DW Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), quien ve que «la administración de Biden intenta bajar las expectativas para construir una política pragmática y realista frente al régimen de Maduro».
Presión sí, pero ¿contra quién?
Algunos analistas creen que con esa medida Joe Biden sube la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Pero la realidad, según Ramsey, es que, «en efecto, el Gobierno de Estados Unidos ahora puede ejercer presión, pero lo hace sobre los países del resto del hemisferio para que adopten medidas de regularización y protección de los migrantes venezolanos, como lo hizo recientemente Colombia, mientras en Chile, Perú y Ecuador, vemos retrocesos», apunta Ramsey.
«Venezuela se une ahora a Honduras y El Salvador como el tercer país de América Latina cuyos migrantes gozan de especial protección, aunque sea con un estatus semipermanente que les permitirá trabajar, algo muy importante en la pandemia», dice en entrevista con DW el analista Ariel G. Ruíz Soto, del Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington.