- El plagio de la subteniente María Camila Pantoja Hernández y de la esposa del alcalde de Uribia marca el punto más crítico de una nueva escalada de violencia en la frontera colombo-venezolana.
- La ofensiva militar contra el ELN, que incluyó un reciente bombardeo venezolano en Apure con inteligencia de EE. UU., reconfigura el conflicto en una región afectada por el desplazamiento y la caída del flujo migratorio.
El pasado miércoles 4 de noviembre, en la frontera colombo-venezolana, la subteniente del ejército colombiano, María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este secuestro, fue el último capítulo de una serie de eventos que han terminado de elevar la tensión en una zona que, históricamente, ha estado marcada por la violencia.
Al día siguiente de este secuestro, el grupo guerrillero confirmó que la mantenía en su poder y advirtió que un rescate militar podría poner en riesgo su vida. Desde el punto de vista social, este secuestro no se entiende como un hecho aislado, sino como la chispa de una escalada que viene acumulando presión desde el 30 de octubre de 2026, cuando la Fuerza Armada Venezolana bombardeó un campamento del ELN en Apure con apoyo de inteligencia y drones de los Estados Unidos.
De acuerdo con un balance que fue publicado por FundaRedes y que luego fue replicado por medios, como The New York Times, en este operativo murieron 23 personas. El ELN respondió diciendo que en el bombardeo también murieron civiles venezolanos y responsabilizó directamente a Colombia y a Estados Unidos.
Este secuestro tiene repercusión especial en Venezuela y alimenta la tensión que existe en la zona fronteriza por una sola razón: El ELN opera en los dos lados de la frontera.

Control territorial del ELN en territorio venezolano
Las cifras explican esta realidad. Datos aportados por InSigth Crime señalan que cerca de 1.200 de los 6.000 integrantes del ELN operan en Venezuela. Este número incluye a gran parte de su comando central, entre los que se encuentra, aparentemente, el comandante Antonio García.
Este rumor circula desde septiembre de 2026. De hecho, el gobierno colombiano pidió ayuda para la captura de un hombre que es buscado en la nación cafetera al ser señalado de diversos crímenes. La información refiere que el grupo delictivo extendió sus actividades, incluso en zonas alejadas de la frontera, como Amazonas y Guayana.
Algunos informes de seguridad van más allá y señalan que el ELN no cruza la frontera con Venezuela, sino que la administra con redes de financiamiento y control territorial en ambos lados.
La historia reciente del Catatumbo, al noreste de Colombia, muestra el tamaño de esta estructura. La ofensiva del ELN el 16 de enero de 2025 dejó, según la Defensoría del Pueblo, un total de 117 personas asesinadas. Cuando el ejército colombiano presionó, la guerrilla se replegó y un grupo terminó en Venezuela. Esta retaguardia fue justamente la que fue bombardeada en el estado Apure.

Impacto humanitario y caída del flujo migratorio
Esta situación dejó un costo humano medible. Datos oficiales confirman que hay 89.013 desplazados en el Catatumbo, una oficial secuestrada y 850.000 venezolanos en Colombia sin estatus legal, lo que confirma que la tensión no es abstracta.
La tensión que se vive actualmente en la frontera entre Colombia y Venezuela tiene su impacto inmediato en el flujo migratorio. En números, hay que mencionar que, entre enero y junio de 2026 se registró un promedio de movimientos pendulares (personas que ingresan y salen rápidamente del país) menor al de 2025.
El período analizado confirma que, en el primer semestre de 2026, se registraron 56.624 movimientos una disminución de 23,5% en comparación con el año 2025, cuando se contabilizaron 73.596 movimientos.
Es importante mencionar que el tema de seguridad en la frontera Colombia-Venezuela dejó de ser bilateral. En septiembre de 2026, por ejemplo, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., se reunió con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella para abordar temas relacionados con los grupos irregulares que operan en la frontera.

Ofensiva militar y nuevos secuestros en la frontera
En este encuentro, Rubio habló sobre la necesidad de acabar con la impunidad de grupos delictivos que tienen años operando en estas zonas.
Después de este encuentro, se registraron los primeros bombardeos del gobierno colombiano en la zona. De acuerdo con lo reportado por diversos medios de comunicación, en septiembre de 2026 se realizó un operativo en el que murieron cuatro menores de edad.
Dos de los menores involucrados tenían 15 años y los otros dos tenían 16. Este primer bombardeo ocurrió en la Amazonía, zona fronteriza con Venezuela.
Luego de esto, en la madrugada del 11 de octubre se registró un segundo bombardeo. El operativo militar se hizo contra el Frente 33, disidencias de las FARC que operan en el Catatumbo, justo en la frontera con Venezuela.
En este operativo resultaron muertas cuatro personas y generó bastante críticas en un sector de la sociedad que aseguraba que en estos ataques también se atenta contra la vida de civiles.
Luego de este operativo militar, De la Espriella recordó que estas acciones forman parte del cumplimiento de sus promesas durante la campaña presidencial. El presidente colombiano se comprometió a trabajar duramente para eliminar estos grupos delictivos que operan en la frontera.
Además de estos eventos, el 4 de noviembre también se registró el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia. Aunque las investigaciones sobre el caso continúan, las primeras exploraciones relacionadas con el tema responsabilizan al ELN de este secuestro.
Una nota publicada por El Nacional indica que, en Colombia, existe el temor de que Gómez sea trasladada a Venezuela. Esta posibilidad confirma que el grupo guerrillero sigue operando con total libertad en la frontera.

Antecedentes de una crisis diplomática histórica
Hay que mencionar que esta situación no es nueva. Ya en la era Uribe-Chávez (de 2002 a 2010) hubo momentos de tensión cuando, luego de un bombardeo que se hizo en el 2007, Hugo Chávez, para entonces presidente venezolano, amenazó con romper las relaciones entre ambos países.
La tensión aumentó y en el año 2010 Álvaro Uribe, el entonces presidente colombiano, presentó a organismos internacionales pruebas de que Venezuela albergaba a guerrilleros en su tierra. Estas declaraciones no sentaron bien y las tensiones fueron aumentando.
Entre 2013 y 2019, ya con Nicolás Maduro en el poder, la frontera entre Venezuela y Colombia se convirtió en un arma política. El dirigente venezolano acusó, hasta en tres ocasiones, a Colombia, de utilizar la frontera para planear atentados en su contra.
El 23 de febrero de 2019 llegó la ruptura mayor. Con Cúcuta como escenario, se realizó el famoso concierto de Ayuda Humanitaria. Juan Guaidó, para entonces presidente encargado de Venezuela, fue el encargado de organizar un evento que, desde el gobierno venezolano, fue visto como una provocación a nivel internacional.
En el año 2020, el gobierno venezolano capturó a un grupo de personas a quienes señalaron de organizar un plan para matar a Nicolás Maduro. Esta operación era conocida como Gedeón y, de acuerdo con lo dicho por los voceros gubernamentales, el grupo de mercenarios había sido entrenado en la frontera con Venezuela.
Entre 2022 y 2024 hubo un deshielo de las relaciones en la frontera entre Colombia y Venezuela. Gustavo Petro como presidente cafetero restableció las relaciones con Venezuela pero esto, al final, no frenó las denuncias que había en la zona.
Diversos medios de comunicación y una serie de organizaciones no gubernamentales denunciaron que el paso de la frontera seguía siendo utilizado como un pasillo para la delincuencia organizada.
En este punto apareció otro problema sobre la mesa: la trata de personas. Con el fenómeno migratorio en pleno auge, estos grupos delictivos empezaron a promocionar «paquetes» para movilizar a estos migrantes. Las personas se vieron en la obligación de pagar vacunas para ser supuestamente protegidas por estas organizaciones.
El mensaje aquí era claro: si el migrante no pagaba la cuota para ser escoltado se exponía a agresiones sexuales, golpes, robos e incluso a ser asesinado. Este problema fue ampliamente denunciado por quienes cruzaban el Darién con destino a los Estados Unidos, pero ni el gobierno venezolano y tampoco el gobierno colombiano, hicieron algo para acabar con esta situación.
La aparente calma que había entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano acabó en 2026. Abelardo de la Espriella ganó la elección presidencial en Colombia y se negó categóricamente a estrechar los lazos con Venezuela.
La frontera fue nuevamente señalada como un punto estratégico, desde donde estos grupos se movían libremente y por eso empezaron una serie de operaciones que tienen como objetivo acabar con estos grupos.
Venezuela, que durante años se negó a colaborar, ha cambiado radicalmente su postura y así lo confirma el último bombardeo que hizo la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure; sin embargo, esta situación abre otros escenarios porque, ahora, el problema pasa por una escalada de violencia que afecta a las personas que viven en ambos lados de la frontera y que se están viendo atrapados en medio de una guerra que parece, apenas comienza.
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