- Tras asumir el expediente por el fallecimiento del juez Hellerstein, la jueza Analisa Torres dispuso la validez de las directrices y plazos fijados.
- Con esta resolución, se confirma la realización de audiencias en diciembre y la fecha del juicio para el 14 de junio de 2027.
La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, emitió su primer dictamen dentro del procedimiento legal que se sigue en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. En este expediente, los acusados afrontan imputaciones por conspiración orientada al narcoterrorismo, importación de cocaína, tenencia de armas destructivas y cargos vinculados con torturas.
La determinación judicial se produce después de que la magistrada tomara la conducción del caso a raíz del deceso del juez Alvin Hellerstein, ocurrido el pasado 28 de octubre. Ante esta reasignación, Torres resolvió mantener sin modificaciones las decisiones, instrucciones y el cronograma dictados con anterioridad por su antecesor.
Jueza Torres da continuidad institucional
La resolución fue divulgada el 29 de octubre por el periodista Alejandro Rincón mediante su cuenta en la red social X. El propósito central de la medida es asegurar el desarrollo regular del proceso y evitar contratiempos o vacíos derivados del cambio en la conducción del tribunal.
Cronograma de audiencias y fecha del juicio
De acuerdo con lo ratificado, el 14 de junio de 2027 se mantiene como el día previsto para el comienzo del juicio contra Maduro y Flores. Asimismo, continúa programada una sesión para el mes de diciembre, en la cual las partes expondrán sus planteamientos jurídicos, entre los que destaca la solicitud de inmunidad soberana elevada por la defensa de Maduro.
Respecto al acatamiento de las fechas fijadas, la jueza ordenó expresamente:
“Se ordena además que las partes cumplan estrictamente con el calendario procesal vigente, salvo que sea modificado mediante orden de la Corte”.
Esta disposición procesal no implica una valoración de fondo sobre la responsabilidad de los imputados ni un pronunciamiento sobre las alegaciones de la defensa o la fiscalía; únicamente constituye un paso administrativo para dar continuidad al expediente.
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