- Desde Fedecámaras proponen que además del aumento progresivo del salario, que es una decisión del Ejecutivo nacional, así exista una «Mesa de Consensos Laborales y Sociales», se realice una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), vigente desde 2012.
El país está expectante al anuncio en materia salarial prometido por la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este jueves 29 de octubre, informó que en 2027 está previsto «un incremento en los ingresos en cuatro tiempos, y en ningún caso puede ser menor al crecimiento económico». Esto como parte de los avances en la denominada «Mesa de Consensos Laborales y Sociales» entre Gobierno, centrales sindicales, Fedecámaras y Fedeindustria.
Desde marzo de 2022, los trabajadores públicos devengan un salario mínimo de Bs. 130, o 14 centavos de dólar. El Ejecutivo nacional se ha dedicado a realizar ajustes de bonos sin incidencia en las prestaciones sociales. El 30 de abril estableció el «ingreso mínimo integral», que es un bono indexado al tipo de cambio oficial equivalente a $240 para empleados nómina del Estado. Y para los pensionados quedó fijado en $70.
El tesorero de Fedecámaras, Celso Fantinel, indicó que en ese diálogo laboral se había hablado de aumentos progresivos de salarios que se esperaban para este año. La principal cúpula empresarial del país, propuso que en un primer momento el salario mínimo fuera llevado a $240, que es el promedio que está pagando el sector privado en la actualidad, y que ese monto influya en las prestaciones.
«Creo que el salario mínimo va a estar protegido por el Gobierno respetando unas condiciones. De ahí para arriba el trabajador debe negociar con su patrono. Eso es lo que hacemos desde hace muchos años en las empresas privadas: fijamos un salario base y luego se cancelan bonos por productividad, por asistencia o por transporte. Es un salario compuesto y ha sido la manera que hemos encontrado para sobrevivir a la inflación», expresó.
En plena contracción de la economía e hiperinflación (2017 a 2021), el Gobierno se dedicó a aumentar el salario mínimo por decreto, en montos que estuvieron por encima de la productividad de las empresas. Eso se convirtió en costos de operación insostenibles. Muchas empresas no pudieron mantener la nómina con un flujo de caja mermado y eso condujo a muchas organizaciones a la quiebra o al recorte de personal.
El 18 de enero de 2021, Conindustria aseguró que desde 2013 y hasta 2021, en Venezuela cerraron 12.000 industrias, eso representó una pérdida de 300 mil empleos. «El empresario debe saber cuánto le va a costar un trabajador en su nómina para poder programarse», exclamó Fantinel, para que esa situación no se repita.
¿Qué trata la mesa?
La «Mesa de Consensos Laborales» se instaló en abril de este año y según denunció José Vicente Rivero, secretario de la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGT), no se trata de «un diálogo tripartito», con presencia de la OIT, como la que se había instalado en el país el 25 de abril de 2022, para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta establecida para examinar la queja relativa al convenio 26, para acordar un método para la fijación de salarios mínimos; libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (convenio 87), y la consulta tripartita (convenio 144).
Para Rivero, esta mesa se trata de una «vía paralela», que está integrada por el Ministerio del Trabajo, Fedecámaras, Fedeindustria y tres centrales sindicales, que alega están parcializadas con el Gobierno: la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST-CCP), la Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela) y un sector de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Las otras centrales reconocidas por la OIT: la CGT, la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete), la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), han catalogado esta mesa de «falso diálogo social».
Sector privado
Desde Fedecámaras proponen que además del aumento progresivo del salario, que es una decisión del Ejecutivo nacional, así exista una «Mesa de Consensos Laborales y Sociales», se realice una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), vigente desde 2012, para actualizarla al contexto económico actual, que represente seguridad para atraer inversiones, y también se evalúe, limite o reforme el régimen de inamovilidad laboral en Venezuela, porque argumentan que ha sido un «desestímulo para la productividad».
«Sobre el tema del salario creemos que si en el país se logra una inflación anualizada por debajo de los tres dígitos. A ese trabajador le va a alcanzar su sueldo mensual. Estamos conscientes de lo que cuesta la canasta básica«, expresó Celso Fantinel.
La inflación anual de Venezuela, de acuerdo con cálculos de Bloomberg Línea a partir de datos del Banco Central de Venezuela (BCV), es 465,5%. Mientras que el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), indicó que la canasta alimentaria familiar se ubicó en el mes de septiembre en $761.
«Sobre el tema de la Reforma Laboral, vamos a ver si de verdad el Ministro de Trabajo, junto con los empresarios y los sindicatos logramos una ley que sea de consenso…Además hay otros temas que son casos que están abiertos, como el tema de expropiaciones, invasiones, la privativa de libertad de sindicalistas y gremialistas perseguidos. Hay que analizar todos esos casos», opinó Fantinel.
Este 29 de octubre, la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno avanza en la valoración y clasificación de activos estatales no esenciales, para ofrecerlos al sector privado o devolverlos a sus antiguos propietarios.
Centrales sindicales rechazan propuestas
Tanto la CGT, Unete, Codesa, como CUTV han rechazado que en Venezuela se dé una Reforma Laboral con la que se pretenda cambiar el régimen de prestaciones sociales y la inamovilidad laboral.
«Hemos escuchado que viene una Ley Especial de Consenso Laboral, donde los empresarios ven con beneplácito la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales, la cual ha sido una bandera para defender al trabajador. Asimismo, plantean la eliminación de la inamovilidad laboral para sustituirla por un nuevo sistema denominado: estabilidad en el puesto de trabajo…¿Qué significa eliminar la inamovilidad laboral?, imagínate una empresa con 10 trabajadores.
Antes de cumplir los 90 días los botan, y colocan a 10 más. La empresa mantiene los mismos 10 puestos de trabajo, pero destruye la estabilidad del trabajador individual», denunció José Vicente Rivero, secretario ejecutivo de la CGT.
«Bonos deben incidir en las prestaciones»
José Vicente Rivero, secretario de la CGT, explicó que lo que exige buena parte de las centrales sindicales del país es que los aumentos de bonos que se han dado en Venezuela en el sector público y privado, tengan incidencia 100% en las prestaciones sociales.
«No queremos lo que se firmó el 30 de abril, cuando se acordó un ‘ingreso mínimo vital’ sin incidencia salarial, propuesto por las mismas centrales afines al oficialismo. El mismo documento lo dice: las centrales sindicales proponen un ingreso sin incidencia salarial, cuestión que contraviene los derechos humanos de los trabajadores y el principio de progresividad reivindicativa», apuntó.
Considera que eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales es un daño al trabajo.
«Hay trabajadores, jubilados o despedidos, cuya liquidación es de 50 o $60; en muy pocos casos pasa de $100 tras 20 años de servicio. Actualmente, cuando un trabajador introduce una reconsideración ante un tribunal laboral, casi siempre gana el caso y, con la retroactividad de las prestaciones, se le paga su dinero como corresponde. Eliminar la retroactividad significaría que a un trabajador que prestó 25 o 30 años de servicio le den sólo $100 de liquidación y con eso se conforma», argumentó.
Modernizar la LOTTT
Celso Fantinel, director tesorero de Fedecámaras, sostiene que la reforma de la Ley del Trabajo debe tomar en cuenta los casos de trabajadores que tienen contratos para teletrabajo, una forma organizacional que ha avanzado en el mundo desde la pandemia. Y también se debe permitir la contratación a destajo o por honorarios. Es decir, según horas trabajadas, para sectores que necesitan de un personal para épocas del año en específico, como en el turismo, durante los meses de temporada alta de vacaciones, y la agricultura, durante la época de cultivo y cosecha de algunos rubros.
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