• Laura Louza Scognamiglio es abogada de la UCAB, con especialización en derecho administrativo en la Universidad de París II y máster en derecho, economía y políticas públicas del Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid.
• Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial en reforma judicial en América Latina. Es fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia.

“En el país sigue habiendo una espada de Damocles sobre los disidentes y críticos al Gobierno”. Así lo considera Laura Louza, abogada, fundadora y directora general de la ONG Acceso a la Justicia, al hacer un análisis sobre las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los proyectos de ley que se debaten en la Asamblea Nacional (AN), y los temas que se discuten en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional 2015.

Una de las decisiones recientes del Poder Judicial, tiene que ver con declarar constitucional el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que las ONG de Derechos Humanos (DD. HH.), han denunciado que se debe derogar, porque es un instrumento de persecución política.

La otra tiene que ver con la eliminación de la competencia especial y nacional en delitos de terrorismo de cuatro tribunales de control que operaban en Caracas. La jurista advierte que esta Resolución número 2026-0010, no suprime la jurisdicción penal para conocer de delitos asociados a terrorismo.

“Los tribunales especiales de terrorismo no sólo no se eliminaron, sino que se extendieron en todo el país… La jurisdicción de terrorismo sigue y avanza”, resalta.

Se espera que la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sea un efecto cascada, para que en Venezuela haya una Reforma Judicial. ¿Qué se debe cambiar en el sistema de justicia nacional?

Se debe cambiar todo. En Venezuela no hay justicia, hay que deconstruir lo que existe para refundarlo. Lo que tenemos es un sistema de injusticia, un sistema absolutamente destruido. La manera en que Estados Unidos decidió llevar adelante esto de reinstitucionalizar al país, empezando por el TSJ, también por la importancia que tiene esa figura con el tema electoral, y luego la delegación de la AN 2015, que dijo que empezarán a cambiar cómo se organiza todo el Poder Judicial, porque el TSJ es órgano del Gobierno, se ha arrogado la facultad de nombrar a los jueces. Desde 2004 lo hace a dedo, los remueve a voluntad propia y eso es parte de esas políticas de Estado que deben cambiar. Pero también hay que cambiar la parte penal del Ministerio Público, la defensa pública, hay mucho que hacer.

EE. UU. habla de tres fases para recuperar la democracia en Venezuela: estabilización, recuperación y transición. ¿Ha cambiado en algo el sistema de justicia de Venezuela desde que se instaló la mesa de diálogo entre el Gobierno y la AN 2015?

Yo veo el método que estaba estableciendo Estados Unidos por ahora es lento para todo lo que hay que hacer…La dinámica de la mesa de diálogo va a paso de morrocoy, porque lo que uno percibe es que no hay voluntad política de cambio.

Los cambios que se deben hacer en el marco jurídico son enormes, Transparencia Venezuela señala que son 38 instrumentos represivos. Entonces ni imaginemos el tema electoral, que además es el más complejo. Pensamos acorde a lo que quiere la mayoría de los venezolanos, debería poner celeridad y sobre todo poner ciertos estándares.

¿Qué leyes son esenciales de derogar para que en el país haya libertad de asociación y libertad de expresión?

La Ley Anti ONG (Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro), es esencial. Luego tienes la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que hay que derogar, no reformar. La Ley Constitucional Antibloqueo, es necesario derogarla para la seguridad jurídica de los inversionistas. Tienes las resoluciones que crean los tribunales de terrorismo. También hay algunos artículos del Código Penal y de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que también son punitivos.

Evidentemente se debe derogar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley Orgánica Simón Bolívar.

¿Qué opinión tiene sobre reforma de la ley contra el odio que está en la AN, que elimina la cárcel, pero mantiene la censura?

El problema es que la ley contra el odio tenía efectivamente delitos con sanciones penales, pero también tiene determinadas prohibiciones que tienen sanciones administrativas. Eso lleva a que básicamente no va a haber una persecución a través de órganos con materia penal, pero va a seguir la censura a través de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y otras instancias. Entonces eso no deja que la libertad de expresión fluya completamente y bueno, hemos visto también que sigue habiendo bloqueos de páginas de medios de comunicación.

Acaba de salir publicado el Índice Mundial de Estado de Derecho, el World Justice Project, y Venezuela ocupa el último lugar de 143 países evaluados. En el país se habla que el TSJ es el primer paso para generar seguridad jurídica y que se puedan atraer inversiones, pero ¿cómo nos deja este indicador como país?

Llevamos 11 años siendo los últimos en ese indicador, significa que desde 2015 estamos en ese puesto, de últimos y por eso te decía no se trata de poner unos parches a la justicia, hay que deconstruirlo todo para refundarlo. Necesitamos un TSJ independiente, que empiece a actuar de una manera contundente y clara, sin presiones políticas de ningún lado y que puedan lograr justamente que se cumpla con la Constitución y los tratados internacionales de DD. HH.

Se anunció el viernes 16 de octubre que el TSJ había retirado la competencia especial de terrorismo a los juzgados de Caracas, que concentraban la mayoría los procesos contra presos políticos. El titular era bastante llamativo, ¿realmente han desaparecido los tribunales contra el terrorismo?

Eso es muy preocupante porque emiten un titular y después la realidad es otra y eso también muestra poca transparencia. Incluso, es una burla al ciudadano. Lo que dice la resolución del TSJ, es que ya los cuatro tribunales penales de control que funcionaban en Caracas para juzgar casos de terrorismo, no existen, pero esas causas no es que desaparecen ni que más nunca van a existir, sino que esos casos pasan ahora a tribunales penales ordinarios por todo el país, según de donde sea la persona.

Por un lado, es bueno para las víctimas, ha sido una de sus peticiones, porque entonces no tienen que viajar los familiares para proveer a las personas detenidas que todavía no tienen juicio, y por eso están en esa etapa de control. Pero por otro lado, no desaparece la jurisdicción y pueden darse nuevas detenciones e imputarse por  ahí.

Hablemos del proceso de crear un Comité de Postulaciones Judiciales que se discute en la AN, que se encargará de elegir a los magistrados del TSJ, ¿cómo evalúa la manera en que se conforma este Comité, con 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil?

La información que tenemos de los 12 miembros de la sociedad civil es que ocho son independientes, pero cuatro no, dos de ellos conocidas personas del oficialismo y otros dos ya estuvieron en comité de postulaciones anteriores. Está muy disparejo porque tienes 15 personas que son del oficialismo, a menos que consideremos que los tres diputados de oposición no son del oficialismo y van a ser del grupo independiente, entonces tendrías 12 del oficialismo, y tienes ocho personas independientes y luego tres diputados que habrá que ver cómo actúan, si lo hacen independiente o junto al oficialismo. Por otro lado tienes el consejo de verificación donde la ecuación es al revés, tienes tres del oficialismo y cuatro independiente y ese fue el arreglo, porque para el chavismo los tres de oposición que están en la comisión preliminar son opositores, para la AN no, porque son esa oposición que se adecuó al chavismo.

¿Qué experticia debe tener una persona de la sociedad civil para seleccionar a magistrados?

La ley no establece requisitos o recaudos detallados para los integrantes del Comité de Postulaciones procedentes de la sociedad civil. No obstante, desde las organizaciones ciudadanas hemos insistido en que es fundamental que sean personas provenientes del mundo jurídico y académico quienes integren este Comité, deben poseer el criterio técnico para saber de qué se trata la función judicial y poder identificar con claridad cuáles candidatos a magistrados gozan de verdadero reconocimiento profesional y moral, y cuáles no.

¿Qué deben hacer las Facultades de Derecho, las ONG de DD. HH. y la ciudadanía para exigir un TSJ independiente?

En cuanto al rol de las universidades, hemos visto que han apoyado las postulaciones individuales de determinados profesores, dándoles un aval académico y un reconocimiento a su trayectoria. Respecto a las ONG, la mayoría ha tenido principalmente un rol de veeduría. La única organización que ha apoyado a una persona ha sido Redhnna (Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela), con Carlos Trapani, lo cual nos parece muy bien. Nosotros, desde Acceso a la Justicia, hemos asumido un rol más enfocado en la veeduría.

Han hecho una propuesta que va desde que las ONG de DD. HH. participen como observadores del proceso, hasta integrar la observación internacional de órganos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Ustedes han llevado este planteamiento al Parlamento o a la mesa de diálogo y qué respuestas han recibido?

Nosotros publicamos las propuestas en redes sociales y en nuestra página web. Tuvimos una reunión formal la semana pasada con la delegación de la Asamblea de 2015 en la mesa de diálogo, en la que se habló principalmente de garantías civiles y políticas, aunque ya nos habían contactado anteriormente para abordar el tema de la justicia.

¿Por qué consideran importante que la elección de los magistrados cuente con observación internacional?

Porque un órgano internacional de ese nivel cuenta con la experiencia técnica y conoce los estándares de independencia judicial y modelos de selección. Además, conocen muy bien los casos de violación de DD. HH. venezolanos. Funcionarían como un árbitro o un órgano asesor que pueda señalar lo que está bien o mal y brindar apoyo técnico.

Sobre Laura Louza

Laura Louza Scognamiglio es abogada de la UCAB, con especialización en derecho administrativo en la Universidad de París II y máster en derecho, economía y políticas públicas del Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial en reforma judicial en América Latina. Es fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia. Ha escrito libros e investigaciones sobre Estado de derecho, democracia y derechos humanos publicados en revistas internacionales y nacionales. Destaca entre los reconocimientos el Premio Valores Democráticos «Francisco José Virtuoso, S.J.» en la categoría Hacedores de Democracia, otorgado por la UCAB en 2024.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Diario La Prensa de Lara | Tecnología de Medios TMC C.A. (@laprensalara)

La Prensa de Lara es un medio de comunicación regional comprometido con la verdad, la investigación y el periodismo de calidad. Sigue nuestro día a día en la web y redes sociales, y adquiere nuestra versión impresa cada lunes, miércoles y viernes en los principales puntos de venta de la región.