• Un informe de Transparencia Venezuela y una investigación basada en reportes ciudadanos determinaron que al menos 52 de los 127 aspirantes de la sociedad civil al Comité de Postulaciones Judiciales tienen vínculos políticos.
• La Asamblea Nacional prevé elegir a 12 de estos postulados para unirse a 11 diputados en el proceso de evaluación de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La publicación de la lista oficial de los 127 aspirantes de la sociedad civil para formar parte del Comité de Postulaciones Judiciales confirma lo que era un secreto a voces: no habrá imparcialidad política en esta elección porque, al menos 52 de los postulados, tienen algún tipo de vinculación política.

De este grupo de aspirantes, 12 personas serán seleccionadas para sumar a los 11 diputados que ya fueron electos por el parlamento nacional para evaluar y preseleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Datos aportados por la organización Transparencia Venezuela confirman que el 40,93% de los aspirantes a formar parte de este comité tienen algún vínculo político. La gran mayoría el 33,85% están vinculados al gobierno venezolano o al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Mientras que el 7,08% de los aspirantes está ligado a otros partidos políticos.

Los datos evidencian que 13 de los 127 aspirantes forman parte activa del partido de gobierno siendo, en muchos casos, dirigentes de peso dentro de las bases del chavismo. Los aspirantes que son miembros activos del partido oficial han trabajado en diversas áreas. Educadores, abogados o personas que estuvieron vinculados a procesos electorales en el pasado.

Aspirantes vinculados al oficialismo y al entorno público

En esta investigación, la organización Transparencia Venezuela calificó a 30 de los aspirantes bajo la figura de «Personas vinculadas con el oficialismo», en este punto habla de quienes ocuparon en algún momento un cargo dentro de la estructura gubernamental sin que conste una militancia activa dentro del partido de gobierno.

De acuerdo con esta lista, en el informe hay profesionales que han formado parte del sistema de transporte o que han trabajado en el sistema de justicia. La vinculación política de estas personas es algo que termina generando una suspicacia especial tomando en cuenta que, desde hace una década, cada proceso de elección popular en Venezuela está señalado por la parcialización política.

En estacategorización, figuran por ejemplo, nombres como el de Víctor José Moreno, quien ejerció como directivo del Metro de Caracas entre 2007 y 2015 y fue presidente del Metro de Valencia entre 2013 y 2016 y también estuvo en la dirigencia del Metro de Maracaibo.

Pablo José Ereu Ereu es otro de los nombres que aparecen en esta lista. Estuvo trabajando en el TSJ desde 2022 a 2024 como gerente general encargado de Administración y Servicios.

Rastreo ciudadano y datos sobre los postulados

En un reportaje publicado por El Diario se menciona que a estos nombres hay que sumar el de Salvador Antonio Navarrete Aulestia, cirujano general, secretario de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y exmédico del presidente Hugo Chávez.

El informe de Transparencia Venezuela menciona que, además de las personas que están vinculadas al oficialismo, al partido de gobierno o algún partido político, hay un grupo importante (66 de los 127) que no cuentan con ninguna vinculación política confirmada hasta la fecha.

De estas personas también hay un pequeño grupo (9 de 127) de los que no se tiene ningún tipo de información.

Giuseppe Gangi, ingeniero de software que se han encargado de levantar datos bastante interesantes relacionados con este tipo de procesos en el país, menciona que, debido a más de 1300 reportes ciudadanos, se ha obtenido información de 105 de los 127 postulados. El objetivo es poder ponerle rostro a los nombres que han sido publicados por la Asamblea Nacional (AN).

Falta de transparencia y retrasos en el cronograma

La investigación de Gangi confirma que, 14 de estos postulados, optaron en el pasado por cargos públicos como diputado, concejal, juez de paz, defensor del pueblo u otros comités.

«Gracias al aporte de cada uno de ustedes, hemos puesto rostro a los aspirantes. La Asamblea Nacional publicó una imagen bastante pixelada y había que ir línea por línea para ver quienes son y esas son las cosas que me motivan para cruzar información y buscar cada nombre, para poder saber si tienen vinculación política», dice.

En la página web «cpj.macedoniadelnorte» está colgada la información de estos aspirantes. En el portal. se especifica que la información que se publica en la web se extrajo de 207 fuentes distintas y que, al menos 30 de ellas, ocuparon, en algún momento, un cargo en el gobierno venezolano.

Esta realidad confirma la desconfianza ciudadana frente al fraude. Ante la falta de transparencia electoral y la inexistencia de una verdadera separación de poderes en el país, la recuperación de la confianza institucional se vislumbra como una utopía

De acuerdo con la información que ha sido publicada en los últimos reportes internacionales, Venezuela es de los países peor calificados en cuanto al Estado de Derecho se refiere y el hecho de no contar con procesos totalmente transparente, ayuda a que esta percepción se mantenga.

Una de las cosas que hay que tener presente es que este proceso de selección se tuvo que haber relalizado hace una semana. En un principio, se haría esta elección el 15 de octubre pero el proceso fue postergado para el 20 de octubre.

Este martes, se tuvo que haber realizado la escogencia en la sesión de la AN pero, una vez más, la elección fue postergada para mañana jueves, 22 de octubre.

Desde la AN señala que la convocatoria ha superado los hitos históricos. Contar con la aspiración de 127 personas era algo que, en los cálculos iniciales, no estaba previsto.

El proceso de selección para estos 12 vocales inició con el proceso de evaluación e impugnación. Durante esta etapa se hace una revisión de los requisitos legales y se abre un periodo especial para que la ciudadanía pueda objetar a los aspirantes.

La segunda parte de este proceso consiste en la elección de las 12 personas que se unen a los 11 diputados quienes serán los encargados de hacer el proceso de evaluación de los aspirantes a magistrado del TSJ. Como tercer punto, se hace la oficialización de la instalación del comité definitivo que está compuesto por 23 personas.

Luego de esto, se hace una convocatoria al TSJ en la que se publican los baremos y recepción de postulaciones para la renovación de las 32 magistraturas principales y suplentes del máximo tribunal del país.

Otro dato que a tener en cuenta es que 22 de los 127 aspirantes han participado en procesos anteriores, como este que inició con la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición.

Respuesta a un clamor

La renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela (TSJ) responde, de alguna manera, a un clamor generalizado en la población venezolana. Desde hace años, los medios de comunicación y diversas organizaciones no gubernamentales, han denunciado el control que el Poder Ejecutivo tiene sobre los otros poderes públicos algo que acabó la institucionalidad, en todos los sentidos.

Al no contar con una separación de poderes hace que la percepción de corrupción vaya en aumento. De hecho, a nivel internacional, Venezuela cuenta con uno de los estados más débil en cuanto a sensación de libertad ciudadana y derecho social.

Esta realidad ha fomentado que desde hace años, en Venezuela se pidan cambios radicales en todos los sentidos. Que los poderes públicos recuperen su autonomía, es una de las cosas que exige la sociedad civil y por eso, el hecho de contar ya con una comisión técnica que evalúe a los nuevos aspirantes a magistrados es algo tan importante.

En un análisis publicado por La Gran Aldea se explica que, renovar el TSJ, no significa que, de forma inmediata, se recuperará el estado de Derecho; sin embargo, es un paso importante para mejorar el sistema de justicia en un país que está marcado por la corrupción.

De acuerdo a la información publicada, esto no puede ser visto como el único paso a seguir, tiene que venir una renovación total de los poderes para que el país recupere su credibilidad. En el artículo se preguntan ¿Por qué el TSJ será el primero de los poderes en ser renovados? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en el futuro y es que, desde esta trinchera, los nuevos magistrados pueden impulsar una serie de reformas judiciales que sirvan para regresar la institucionalidad al país.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) es un poco más comedido con su análisis. Aunque ciertamente la organización ve como una gran oportunidad el hecho de restructurar el poder judicial en Venezuela, si no se logra que el proceso sea totalmente parcial, se corre el riesgo de que el país se quede estancado en su proceso de independencia judicial.

El informe publicado por Cepaz refiere que, desde hace más de una década, el TSJ no es autónomo. Esto ha permitido que el gobierno, encabezado primero por Nicolás Maduro y ahora por Delcy Rodríguez, lo utilicen como un instrumento de poder político.

Bajo este contexto, el próximo jueves deberían elegirse quienes serán las 12 personas, representantes de la sociedad civil, que se sumen a los diputados del parlamento venezolano para elegir a los nuevos magistrados.

Esta comisión, tal y como ha sido denunciada por expertos en el procesamiento de datos y por organizaciones no gubernamentales, corre el riesgo de verse politizada porque no todos los actores son neutrales.

Al final son 127 aspirantes, para elegir 12 vocales. De estos 127 aspirantes, al menos 52 tienen vínculos activos con organizaciones políticas. La gran mayoría de estos participantes están ligados al gobierno venezolano o forman parte del PSUV lo que, sin lugar a dudas, podría inclinar la balanza para elegir a magistrados de tendencia oficialista.

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