- Los docentes insisten en que el mantenimiento debe ser periódico, permitiendo corregir las fallas iniciales, que con el pasar de los años son más profundas.
- Hay alumnos que escuchan clases sin pupitres, porque no son suficientes y se apoyan sobre bloques.
El derecho a una educación de calidad exige condiciones adecuadas; una realidad ajena a los planteles rurales, donde el gremio docente estima que el deterioro de la infraestructura y la falta de dotación superan el 70%, convirtiéndose en una amenaza directa de deserción escolar. Esta situación es crítica en las instituciones de los municipios foráneos. Allí, los alumnos reciben clases a la intemperie o usan bloques en sustitución de pupitres. A pesar de que varios planteles tienen años declarados en alto riesgo y colapso inminente, las autoridades no han ejecutado las reubicaciones debidas, como ocurre en Morán y Urdaneta.
Vecinos expresan creciente frustración e impotencia por el abandono institucional ante problemas que arrastran desde hace años. Esta realidad convierte la educación en una lucha cuesta arriba: agobiados por el desánimo, muchos alumnos prefieren abandonar las aulas para trabajar la tierra y ayudar económicamente en sus casas. Sus padres insisten en que estudien, pero el aislamiento geográfico —a decenas de kilómetros del pueblo más cercano— limita drásticamente sus oportunidades de superación.
Los daños más frecuentes se presentan en techos, generalmente por filtraciones, paredes agrietadas, deterioro en columnas y suelos no aptos que comprometen la estructura en riesgo de colapsar. «Los planteles rurales se encuentran afectados en un estimado de 70 a 80%, con una planta física que van perdiendo, sin mobiliario ni dotación de material didáctico», señala la profesora Jully Cegarra, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Lara (Sinvemal), de una realidad que exige el mantenimiento o recuperación de los planteles por parte del Estado y que obliga a los mismos representantes a buscar soluciones a través de la autogestión.
«El Estado debe velar por la educación, que no debe ser de sacrificios para el personal ni la comunidad estudiantil», indicó Cegarra.
Ni por mantenimiento
Los docentes insisten en que el mantenimiento debe ser periódico, permitiendo corregir las fallas iniciales, que con el pasar de los años son más profundas. Cegarra precisa que los directores deben levantar permanentemente estos informes, reportando y solicitando respuestas ante el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) y en la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE). La esperanza es que no se sigan archivando, sin la debida atención.
Luis Arroyo, presidente de Colegio de Profesores de Lara, precisa que están levantando un censo y poder especificar la realidad de cada plantel. Lamenta que la política de Estado no asigna un presupuesto suficiente al sector educación, que debería incluir la protección al docente y las condiciones para contrarrestar las amenazas de deserción escolar. «La educación es prioridad, es un derecho y pilar del desarrollo en el país», indica. Afirma que no hay que dejarle toda la responsabilidad a la comunidad, en sus intentos por tratar de resolver.
Totoremo y El Parchal
«¡La escuela la hicimos nosotros mismos y ya se está cayendo!», señala Yeseila Montero, sobre la situación crítica de la edificación del complejo educativo Julio César Montero del caserío Totoremo desde 2024, parroquia Moroturo del municipio Urdaneta. Afirma que en varias oportunidades pidieron apoyo a los gobernantes y que el cuerpo de bomberos determinó que la institución educativa no está apta y en la actualidad, algunas paredes están «movedizas» y temen que en cualquier momento se caigan.
Fue la comunidad la que construyó el plantel, con limitados recursos económicos tanto para culminar la obra como para adquirir el mobiliario. La matrícula actual es de 316 alumnos, además de ser la sede del núcleo universitario de Misión Sucre. Solicitan a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) un edificio que sí esté adecuado para la actividad académica.
Claman por atención urgente, considerando que están ubicados montaña adentro, a 30 kilómetros de distancia de la población de Santa Inés. Además que lidian con la dificultad de acceso, porque la única vía se va perdiendo de manera progresiva, al punto que ya se redujo a un estrecho sendero trillado por el frecuente tránsito de las motos.
Cuando se le pregunta sobre el estado de los salones, responde con otra interrogante: «¿Querrá decir caballerizas?, eso parecen y ni siquiera fueron terminadas». Expresó que son aulas prácticamente improvisadas, al referirse a un ala que aprovechó la pared de una vecina para hacer los salones y por la falta de bloques de concreto, tuvieron que levantar un enrejado.
Atienden a niños de educación inicial, primaria y secundaria, en siete salones y otros cuatro a medio culminar. Hay alumnos que escuchan clases sin pupitres, porque no son suficientes y se apoyan sobre bloques.
En cuanto a la escuela bolivariana nacional y liceo rural «El Parchal», ubicado en el caserío del mismo nombre; Alfredo Jiménez, representante de Colegio de Profesores en Morán, recalca que enfrentan ese problema desde hace varios años, con orden de desalojo en algunas áreas y que la comunidad intentó acondicionar otros espacios. La inspección de Bomberos y Protección Civil (PC) confirmó el peligro por estar en un terreno inestable por falla geológica y estando a punto del colapso total.
Los representantes lidian con esta preocupación desde el año 2010, con la orden de reubicación y en este año 2026 está más afectado. Un plantel ubicado montaña arriba, al desviarse a pocos metros de la entrada a Humocaro Bajo, con una matrícula de 232 alumnos y contando con 21 docentes, uno de personal administrativo, y nueve personas entre obreros y madres cocineras.
Las condiciones son extremas para estos estudiantes, que deben exponerse al sol e inclemente calor, así como limitados a asistir a clases durante el período de lluvias, debido a que deben estudiar «a cielo abierto». Una situación nada poética, porque son atendidos en el área que está a medio construir, sólo con unas paredes levantadas y sin techo. También han tenido que ser atendidos en el patio, tratando de buscar la sombra de los árboles más cercanos a los salones.
Cuenta Jiménez que las especificaciones del informe no exageran, cuando se habla de colapso, a causa del hundimiento que poco a poco les amenaza, con que la tierra terminará de enterrar a este plantel educativo para niños de inicial, primaria y secundaria.
Perdieron la cuenta de tantas grietas que iniciaron como una especie de demarcado en cartografía y que en la actualidad los pone en alerta, al intentar no sólo dividir las paredes, sino también romper esos sueños y esperanzas de superación de estos niños y adolescentes que creen en mejores oportunidades como futuros profesionales.
Tanto el gremio docente y comunidad en general, no entienden cómo las autoridades de educación estén al tanto de este grave problema de colapso de planteles por la falta de mantenimiento, y así luchar contra el fantasma de la deserción, cuando los estudiantes no tienen las opciones accesibles. Es admirable el esfuerzo y sacrificio del personal.
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